El Consejo de Ministros ha dado este martes ‘luz verde’ al reglamento de incentivos al empleo para impulsar que los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incorporen al mercado laboral o trabajen más horas pero no pierdan de forma inmediata esa prestación, que perciben más de 1,4 millones de personas en 500.000 hogares. Entrará en vigor en 2023.
Se trata de una medida con la que el Gobierno pretende que a los beneficiarios de esta ayuda les compense trabajar siempre y que prevé que beneficie a casi 45.000 personas. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al encuentro: «Un incentivo para compatibilizar el IMV con un incremento de las horas de trabajo o con ir recuperando horas para en un momento dado poder renunciar a esta percepción», ha recalcado.
Según ha confirmado la portavoz, la cuantía de dicha ayuda se irá regulando con el ingreso mínimo vital. «De esta manera, podemos incentivar que personas que hoy están fuera del mercado laboral, pueda incorporarse al mismo», ha recalcado.
Al principio el incentivo es mayor y conforme se va incrementando el salario se modera su crecimiento, hasta desaparecer cuando se alcanza el 170 % de la renta garantizada para cada tipo de hogar: 10.030 euros anuales para una persona adulta o 18.252 euros para una familia monoparental con un menor. Precisamente, ha señalado Rodríguez, «se tendrá en cuenta la composición de los hogares, especialmente las familias monoparentales o las personas con discapacidad».
El incentivo aprobado este martes no es una prestación independiente del IMV, sino que es un añadido que no hay que solicitar, ya que se activará de oficio si se producen cambios en los ingresos del trabajo: bien porque se haya encontrado un empleo o porque se hayan mejorado las condiciones, ha añadido la también ministra de Política Territorial.
El incentivo permite sumar al IMV lo ganado como salario
Así, desde 2023 todo lo que se gane hasta alcanzar el 60 % de la renta garantizada se sumará al IMV como incentivo, pero a partir del 60 % se añadirá solo un porcentaje de la diferencia. Ese porcentaje será del 30 % si no se trabajaba y del 20 % si ya se contaba con un empleo, y subirá al 35 y al 25 %, respectivamente, para familias con hijos y al 40 y 35 % para hogares monoparentales.
En el caso de una persona adulta que vive sola y que recibe la renta garantizada de 5.899,60 euros anuales, el contar con ingresos laborales por valor de 1.000 euros le supondría en la actualidad una disminución de la cuantía del IMV hasta 4.899,60 euros. Con la nueva regulación, esos 1.000 euros se sumarían como incentivo, con lo que se seguirían cobrando 5.899,60 euros (4.899,60 del IMV más 1.000 del incentivo), elevando la renta disponible del beneficiario a 6.899,60 euros al año.
Si la misma persona pasara de no tener ingresos a obtener una retribución de 4.500 euros, el IMV se quedaría en 1.399,60 euros anuales, pero podría sumar un incentivo de 3.827,83 euros (60 % de la renta garantizada que son 3.539,76 euros, más el 30 % de los 960,24 euros restantes hasta llegar a 4.500, que serían 288,07 euros). Percibiría 5.277,43 euros anuales (1.399,60 euros del IMV más 3.827,83 del incentivo) y su renta disponible aumentaría a 9.727,43 euros.
