El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha propuesto este lunes a los agentes sociales una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 996 euros, según han informado los sindicatos y el propio Ejecutivo. S
in embargo, fuentes de Trabajo sostienen que la propuesta que finalmente llegará al Consejo de Ministros alcanzará los 1.000 euros.
Esa cantidad que el Ejecutivo pone ahora sobre la mesa es algo mayor a la posición intermedia que propuso el comité de expertos designado por el Gobierno para 2022.
Las otras dos opciones planteadas pasaban por cerrar este año con un SMI de 989 euros mensuales en 14 pagas (24 euros de subida) o hasta los 1.005 euros (40 euros).
El objetivo final es que, al final de la legislatura, el salario mínimo alcance el 60% del sueldo medio, que en 2019 ascendía a 24.395,98 euros anuales. Con los datos actuales, esto implicaría que el SMI subiera hasta los 1.045 euros mensuales en 14 pagas para 2023.
Sindicatos, patronal y Ejecutivo se han reunido este lunes para negociar una nueva subida del SMI, que el Gobierno de coalición prevé aprobar antes de que concluya el mes.
El encuentro, que ha estado presidido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha concluido sin acuerdo, por lo que las partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo miércoles.
De aprobarse, la subida propuesta se aplicaría de forma retroactiva a 1 de enero. Esto quiere decir que los trabajadores que cobren el SMI verían reflejada la cuantía actualizada a posteriori en sus nóminas de enero y febrero pese a que en estos meses perciban la cantidad actualmente en vigor (965 euros al mes en 14 pagas).
La más que previsible subida del SMI concita el apoyo de la parte socialista del Gobierno de coalición, tal y como se deduce de las palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Según ha afirmado este lunes, apuesta por “abordar” el incremento “lo antes posible”, a diferencia de otras ocasiones en las que se ha mostrado más reacia. Eso sí, después de “dar la oportunidad” a los agentes sociales de “mostrar su opinión”, algo que ya se está produciendo.
El Ejecutivo pretende llevar la subida del SMI a una próxima reunión del Consejo de Ministros antes de que termine febrero. Una fecha que ya supone un retraso respecto a la hoja de ruta fijada, ya que el Gobierno preveía haber aprobado el incremento ya en enero. Para cumplir, al Ejecutivo le quedan solo dos reuniones más antes de que concluya el mes, dado que la propuesta no irá a la reunión que se celebra este martes.
La vicepresidenta segunda ha defendido la subida del SMI y ha destacado la importancia del diálogo social al margen de que se logre alcanzar o no «un acuerdo bipartito o tripartito». «No hay mejor herramienta para avanzar en la igualdad que incrementar el SMI», ha dicho Díaz, quien ha añadido que la subida «mejora la economía en su conjunto». «Creemos que la política de rentas del Gobierno es la adecuada», ha dicho.
Los representantes de los empresarios (CEOE y Cepyme) no se han pronunciado oficialmente, aunque desde Foment del Treball -la patronal catalana- sostienen que «no sería el momento adecuado» para subir el SMI. Por el contrario, los sindicatos exigen que el incremento se apruebe lo antes posible.
«Nuestra petición ya en 2021 fue que tenía que llegarse este año a los 1.000 euros. Pensamos que el miércoles, con acuerdo o sin acuerdo, las negociaciones quedarán concluidas», ha dicho Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de CC OO. Desde UGT, el secretario general, Pepe Álvarez, ha reprochado al Gobierno «un cierto estrés y de necesidad de acordarlo todo», por lo que ha emplazado al Ejecutivo a que «tome la decisión y cumpla su compromiso».
Reforma laboral: «Se ha puesto en peligro la vida de millones de trabajadores»
Preguntada sobre la caótica aprobación en el Congreso de la reforma laboral el pasado jueves -la medida estrella de su departamento en lo que va de legislatura-, Díaz ha afirmado que «se ha puesto en peligro la vida de millones de trabajadores de nuestro país». «Con las cosas de comer no se juega», ha añadido.
La ministra ha reprochado veladamente a los socios preferentes del Ejecutivo -ERC y PNV- su negativa a aprobar la reforma laboral. «Hacer depender una votación tan delicada de dos diputados de UPN era extremadamente peligroso. Hay voces que negociaron pensando que no había obstáculos. Yo sabía que había riesgos», ha expresado.
Un tono radicalmente opuesto al que ha mostrado Díaz con los miembros del diálogo social. «No voy a hablar ni de patronal ni sindicatos. Merecen todo mi respeto y consideración. Me gustaría que el acuerdo sea unánime. Ellos sí están a la altura de las circunstancias», ha dicho.
