En el Plan Presupuestario de 2021, el Gobierno prevé una subida de las pensiones públicas del 0,9%, el mismo incremento aplicado ya este año.
La subida recogida en el Plan Presupuestario se corresponde con la previsión del Ejecutivo del deflactor del PIB, el índice más aproximado al IPC, para el próximo año, que augura un alza del 0,9%, y estaría en línea con su compromiso de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.
No obstante, este incremento recogido en el Plan Presupuestario deberá ser negociado ahora por el Gobierno con los distintos partidos políticos y con los agentes sociales.
De cualquier forma, se trataría de una subida idéntica a la de este año, ya que la primera medida del Ejecutivo de coalición fue revalorizar las pensiones un 0,9% desde el 1 de enero para 9,8 millones de pensiones contributivas, más de 655.000 de clases pasivas, 451.156 pensiones no contributivas y 195.000 pensiones por hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%, con un coste total de 1.406 millones de euros.
Además, se trata del cuarto año consecutivo, tras 2018, 2019 y 2020, en el que las pensiones aumentarán por encima del mínimo legal previsto en el índice de revalorización de las pensiones (0,25%), que se aplicó durante cinco ejercicios y que aún no se ha derogado. En 2019 las pensiones se incrementaron un 1,6% con carácter general y un 3% en el caso de las mínimas y no contributivas.
Cuando el Gobierno anunció la subida de pensiones para 2020, el presidente, Pedro Sánchez, explicó que «se orillaba» el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y no se derogaba a la espera de los acuerdos del Pacto de Toledo.
Precisamente, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo está cerca de alcanzar un acuerdo en el Congreso, incluyendo la garantía de que las pensiones no perderán poder adquisitivo con una revalorización ligada al IPC. Al mismo tiempo, esta misma semana se ha constituido la mesa de diálogo social para abordar la futura reforma del sistema de pensiones en base a las recomendaciones que cierre el Pacto de Toledo.
En este contexto, el Gobierno plantea medidas como incentivos a la demora de la edad de jubilación, ajustando elementos «distorsionantes» en la regulación de las jubilaciones anticipadas; la revisión del sistema de previsión social complementario, fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas, o la integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones.
SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS
En cuanto al sueldo de los empleados públicos, no es seguro que su revalorización se incluya en el Plan Presupuestario, si bien el alza será previsiblemente la misma, del 0,9% en 2021, ya que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró que el indicador del deflactor del PIB se tendría en cuenta para señalar el «importante compromiso» con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones y el sueldo de los funcionarios.
El Gobierno aprobó para 2020 una subida del sueldo de los empleados públicos del 2%, que podría aumentar en cada administración en un 0,3% con los fondos adicionales, con un coste estimado total de 3.212 millones de euros.
De subirse finalmente un 0,9% en 2021, la revalorización de los sueldos de los empleados públicos sería más de un punto inferior a la de 2020, y 1,6 puntos menor que el incremento del 2,5% del año 2019, cuando a la parte fija del 2% se añadió un 0,25% de fondos adicionales y otro 0,25% derivado de la evolución del PIB de 2018.
Los incrementos salariales entre 2018 y 2020 procedían del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de Función Pública (CSIF, CC.OO. Y UGT) en 2018.
PLAN PRESUPUESTARIO
El Gobierno enviará este jueves a la Comisión Europea el plan presupuestario del año 2021, en plazo, junto al nuevo cuadro macroeconómico, las tasas de referencia de déficit tras haber suspendido las reglas fiscales y el límite de gasto no financiero (techo de gasto) de los nuevos presupuestos, que incorporarán ya 27.000 millones adelantados de los fondos europeos.
También recogerá las directrices básicas del proyecto plasmadas en buena medida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla una inversión de 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023.
De esta forma, el Ejecutivo remitirá a Bruselas el plan presupuestario en plazo, puesto que la fecha límite está fijada para hoy, 15 de octubre, sin necesidad de pasar antes por el Consejo de Ministros, según señalan a Europa Press en fuentes gubernamentales, con las líneas básicas de los PGE, cuyo proyecto está «prácticamente cerrado» y que será presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en los próximos días y aprobado en Consejo de Ministros en octubre para su entrada en vigor a principios de 2021.
El Plan se sustenta en un límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de 196.097 millones de euros, un 53,7% superior al aprobado en febrero y que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).
Además, incluye el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno, que prevé una caída del PIB del 11,2% este año, con una tasa de paro del 17,1%, y contempla un crecimiento del 7,2% en 2021, que podría alcanzar el 9,8% teniendo en cuenta los fondos europeos, junto a un desempleo del 16,9%.
En cuanto al déficit público, informa de su estimación de que escale hasta el 11,3% del PIB este año como consecuencia de la crisis y el mayor gesto para paliar las consecuencias, así como de una la tasa de referencia de déficit del 7,7% en 2021, en tanto que el cálculo para la deuda pública es que repunte al 118% del PIB este año.
SE ENVÍA MIENTRAS EL GOBIERNO DE COALICIÓN ULTIMA EL ACUERDO FISCAL
Por último, en materia fiscal, PSOE y Unidas Podemos tienen «prácticamente finiquitada» su propuesta fiscal a falta de «algún fleco» y darán en breve paso a la negociación con los grupos, si bien el Plan Presupuestario que se envía a Bruselas se ha remitido sin tener listo del todo el borrador. Entre las medidas que se han abordado se encuentra una revisión de los incentivos de los planes de pensiones colectivos y de los beneficios fiscales y rendimientos de determinada figuras fiscales.
En principio se ha renunciado a la eliminación de la bonificación a la educación privada, quedando por tanto exenta de un IVA del 21%, pero no se ha descartado en el caso de la sanidad privada. Sí se ha descartado en principio la bajada de Sociedades a pymes y la modificación de los tipos del IVA hasta que se recupere el crecimiento.
Tras aprobarse las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, se impulsarán impuestos ‘verdes’, un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos y en materia de pensiones se acometerán medidas, consensuadas en el Pacto de Toledo, que podrían pasar por incentivos a la demora de la edad de jubilación, ajustar elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas o la revisión del sistema de previsión social complementario fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas.
La reforma fiscal «en profundidad» se ha aplazado para cuando se recupere el crecimiento, si bien se constituirá en breve un grupo de expertos.
