El Consejo de Ministros ha vuelto a presentar este martes el límite de gasto no financiero, conocido como el techo de gasto, así como los objetivos de estabilidad y deuda para las administraciones públicas que habían sido rechazados por el Congreso de los Diputados en julio. Este movimiento es un paso crucial en la tramitación de los Presupuestos de 2025, los cuales el Gobierno se ha comprometido a presentar antes de finalizar el año, a pesar de la falta de apoyos definitivos.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que, independientemente de la aprobación del nuevo techo de gasto, el Gobierno procederá con la presentación de los Presupuestos para 2025. Montero ha criticado el «ruido» generado por el Partido Popular (PP), y ha instado a sus líderes a actuar con «cordura» para evitar que su negativa afecte negativamente a la capacidad fiscal de comunidades autónomas y ayuntamientos.
El techo de gasto propuesto por el Ejecutivo se mantiene en 199.171 millones de euros, una cifra histórica que incluye fondos de la Unión Europea. Montero ha destacado que esta cifra, la más alta en cuatro años, beneficiará principalmente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
En cuanto a los objetivos de estabilidad fiscal, el Gobierno propone que el déficit público se sitúe en el 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027. Estos objetivos se establecen en el contexto de la reactivación de las reglas fiscales europeas, que habían sido suspendidas desde 2020 debido a la pandemia de COVID-19.
La Administración Central asumirá la mayor parte del esfuerzo para cumplir con los nuevos objetivos fiscales. Se ha propuesto una flexibilización del déficit para las comunidades autónomas, con un objetivo del -0,1% para el período 2025-2027, en comparación con el superávit presupuestario previamente establecido. Los ayuntamientos también se beneficiarán de una senda de estabilidad más favorable, con un objetivo de equilibrio presupuestario para 2025 y 2026.
En términos de deuda pública, el Gobierno prevé que la deuda total de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, y que continúe disminuyendo en los años siguientes, alcanzando el 99,7% en 2027. Para las comunidades autónomas, el objetivo es reducir la deuda al 20,8% del PIB en 2025, con una disminución gradual hasta el 19,4% en 2027. Los ayuntamientos verán una reducción en su deuda, que se espera que pase del 1,3% en 2025 y 2026 al 1,2% en 2027.
El contexto político es complejo, ya que el rechazo previo por parte del Congreso se debió a un voto en contra de Junts, que citó la baja ejecución de los presupuestos anteriores para Cataluña como motivo. ERC también ha expresado dudas sobre el cumplimiento de los acuerdos de financiación, y otros socios del bloque de investidura, como Podemos y Coalición Canaria, han amenazado con retirar su apoyo debido a la crisis migratoria.
Esta será la cuarta vez en el año que la Cámara Baja examine los objetivos de estabilidad presupuestaria. Aunque el Gobierno intentó presentar los presupuestos para 2024 en dos ocasiones, el adelanto electoral en Cataluña llevó a la prórroga automática de los presupuestos de 2023, que siguen en vigor.
La situación actual destaca la necesidad de consensuar un acuerdo que permita avanzar en la aprobación de los Presupuestos de 2025 y evitar una parálisis fiscal que podría afectar la inversión y el desarrollo en diversas regiones del país.
