El Gobierno ha enviado a Bruselas sus propuestas para reformar el sistema de pensiones donde establece nueve medidas entre las que se incluye la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, el destope de las bases máximas y la sustitución del llamado factor de sostenibilidad, actualmente en suspenso, por un «mecanismo de equidad intergeneracional» que tenga en cuenta otros factores además de la evolución de la esperanza de vida.

El resto de las propuestas enviadas a Bruselas son conocidas: vincular pensiones al IPC; aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante el freno a las jubilaciones anticipadas e incentivos al retraso de la jubilación; descargar de gastos impropios al sistema para traspasárselos al Estado; establecer un sistema de cotización para los autónomos en función de sus ingresos reales; modificar el complemento de maternidad de las pensiones, y revisar e impulsar los sistemas complementarios de pensiones.

En aras a profundizar en la reforma de pensiones de 2011, donde se elevó el periodo de cálculo de las pensiones de manera progresiva de 15 a 25 años, el Gobierno plantea ahora la posibilidad de una nueva ampliación, aunque sin precisar en cuántos años, quedando así fuera del texto una posible extensión hasta los 35 años, una medida que ha generado gran polémica y rechazo entre las filas de Podemos.

AMPLIAR EL PERIODO DE CÁLCULO PERO ELIGIENDO LOS MEJORES AÑOS

En concreto, lo que propone el Gobierno es ampliar el periodo de cálculo de forma gradual pero permitiendo al mismo tiempo que puedan descartase del cómputo los peores años de cotización. Dicha reforma iría en paralelo a una revisión del procedimiento actual de lagunas de cotización, «que es inadecuado par las carreras más intermitentes, especialmente asociadas a la temporalidad».

El Gobierno justifica esta propuesta de ampliación del periodo de cálculo en la necesidad de aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema reflejando una «imagen más fiel» del esfuerzo contributivo de los trabajadores y permitiendo corregir «situaciones de injusticia» como las actuales, donde los últimos años de la carrera laboral están «particularmente primados», lo que beneficia a los trabajadores con carreras más estables de cotización y perjudica a los que tienen carreras más intermitentes, como las mujeres.

La reforma número 9 que plantea el Gobierno a Bruselas tiene que ver con la adecuación de la base máxima de cotización del sistema. El Ejecutivo cree que indexar la base máxima al IPC no recoge adecuadamente el aumento de los salarios más altos, por lo que defiende la necesidad de una adaptación «gradual» de las bases (destopándolas) en paralelo a una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema.

EQUIDAD INTERGENERACIONAL

Además del famoso índice de revalorización de las pensiones (IRP) que limitaba la subida anual de las pensiones al 0,25% en momentos de déficit del sistema, la reforma de 2013 introdujo el llamado factor de sostenibilidad que, según el Gobierno, carga exclusivamente sobre los pensionistas el coste de una mayor esperanza de vida, sin permitirles además una planificación y un ajuste previo.

Por ello, plantea sustituir el factor de sostenibilidad de las pensiones por un nuevo mecanismo que tenga por objetivo la preservación de la equidad intergeneracional. En concreto, propone la introducción de un nuevo mecanismo en el que los parámetros fundamentales del sistema sean objeto de revisión periódica en función de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población de pensionistas.

La incorporación de indicadores complementarios a la evolución de la esperanza de vida contribuirá, según el Gobierno, liberar a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas (los ‘baby boomers’).

Para el Ejecutivo, la «insostenibilidad política y social» de estas medidas contempladas en la reforma de 2013 exige un nuevo plan de reformas en el sistema, que haga frente a los retos del sistema y cuente con un «amplio apoyo».

Para ello, dentro de este objetivo general, el Gobierno se plantea tres metas más concretas «que se encuentran en plena sintonía» con las recomendaciones del Pacto de Toledo: eliminar el déficit de la Seguridad Social; reemplazar los cambios «radicales» que supuso la reforma de 2013 por una continuación de los ajustes paramétricos introducidos en la reforma de 2011, e impulsar los sistemas complementarios de pensiones en el ámbito empresarial y profesional.

Escrivá desdice a Iglesias y asegura que no habrá ampliación del periodo de cálculo a 35 años