El PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), el PDeCAt, Más País-Equo y Compromís han acordado una enmienda para el Estatuto Básico del Empleado Público.

De acuerdo a los partidos, el acuerdo busca dar respuesta a las diferentes sentencias sobre la temporalidad en la Administración y aumentar los controles para evitar el incumplimiento de la normativa.

Así consta en el texto pactado por estas formaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, a partir de una proposición no de ley impulsada por el PNV para exigir la reserva extraordinaria de plazas para interinos más veteranos en las convocatorias de empleo público, a fin de estabilizar el empleo temporal.

La iniciativa, que se someterá a votación del Pleno del Congreso y que previsiblemente se aprobará este jueves, llama al Gobierno a «impulsar con carácter urgente una reforma consensuada» del Estatuto Básico del Empleado Público para dar respuesta a estas sentencias y «para abordar el problema de la temporalidad en el empleo público».

Además, la propuesta pide articular «respuestas legales básicas eficientes y eficaces de estabilización de los empleos, previo diálogo con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como con las centrales sindicales».

Por último, pide evitar la generación de nuevas bolsas de empleo público temporal «intensificando los controles sobre los gestores públicos en relación con los incumplimientos de las previsiones normativas en materia de empleo público temporal».

UNOS 800.000 EMPLEADOS DE 2,6 MILLONES

En la defensa de su iniciativa, el diputado Mikel Legarda (PNV) ha reclamado compensaciones y la reparación del abuso, en línea de lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante un nivel de temporalidad que alcanza a unos 800.000 empleados públicos sobre un total de 2,6 millones de trabajadores.

Tanto Legarda, como ERC y el PDeCAT han reivindicado la autonomía de cada nivel administrativo para «configurar sus propias soluciones», algo que ha chocado con lo defendido por Unidas Podemos.

Este grupo, a través de su diputado Pedro Antonio Honrubia, ha pedido «soluciones comunes» para garantizar su aplicación por «determinadas administraciones que sistemáticamente atacan los servicios públicos» y recurren a la temporalidad «como forma de ahorrar dinero a costa de la calidad del servicio y del trabajo».

José Luis Aceves, del PSOE, ha recordado que deben ser las comunidades autónomas y las entidades locales las que más esfuerzo tendrán que hacer para cumplir el nuevo mandato (un 36% y 28% de temporalidad, respectivamente, frente al 7% en la Administración General del Estado) y ha subrayado que la solución tendrá que partir del «consenso y el diálogo» entre administraciones con los sindicatos de la Función Pública.

SOLUCIÓN PARA LOS INTERINOS, ¿Y PARA LOS EVENTUALES?

Para el PP y su diputada María de los Llanos de Luna, esta solución debe pasar por nuevas oposiciones y ha pedido al Gobierno un análisis de las situaciones de abuso, así como criterios para saber qué se entiende como tal.

De su lado, Pablo Cambronero, de Cs, ha pedido un régimen sancionador y un control ajeno al de la Administración. Lamentando que, tras el acuerdo, la iniciativa quede en «papel mojado», ha avanzado nuevas iniciativas de su grupo para dar solución a esta problemática.

Vox ha avanzado su apoyo, pero su diputado Emilio Jesús del Valle ha explicado que la solución debatida no vale a todos los empleados temporales. Sí al interino, pero no al eventual o al de sustitución. Mientras que el interino está reconocido en la plantilla, no sucede así con el eventual, cuyo puesto no se reconoce y por ello no sale a concurso. Por ello, ha pedido «obligar» a estas administraciones a detallar las relaciones de trabajo adecuadas al servicio que presten y, a partir de ahí, acometer una solución.

«EL VICIO DE ORIGEN, NO CONVOCAR PLAZAS»

«El vicio de origen es la no convocatoria con debida diligencia y con períodos cortos de tiempo», ha lamentado Pedro Quevedo (Nueva Canarias), calificando como «aberración tremenda» la cobertura de vacantes permanentes por parte de personal temporal «hasta el infinito» y sin el reconocimiento de derechos.

Oskar Matute, de EH-Bildu, ha lamentado como «raquíticas» las medidas adoptadas hasta ahora y ha encuadrado esta situación en una gestión de la Administración en base a la «lógica neoliberal», en función de la demanda, sin la cual cree que no habría estas tasas de temporalidad ni en «riesgo continuo de la privatización de servicios básicos».

El Gobierno llevará de forma unilateral una oferta de empleo público de 18.266 plazas