El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que reforma el mercado laboral para atajar las elevadas tasas de temporalidad en España, que es líder en la Unión Europea (UE), y «pasar página a la precariedad», a la vez que se da cumplimiento al objetivo comprometido con Bruselas de tener lista la norma antes de finalizar 2021 para recibir una nueva partida de los fondos europeos.
«Hay jóvenes y mujeres que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida», ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha agradecido el trabajo de los agentes sociales para sellar el acuerdo tras nueve meses de intensas negociaciones. «Gracias a los múltiples equipos técnicos y a las muchísimas personas que han trabajado para que hoy tengamos un marco laboral que va a cambiar la vida de la gente en nuestro país», ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha estado acompañada por el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha avanzado detalles sobre las sanciones a las que se enfrentarán las empresas que decidan no implantarla.
La norma llega al Consejo de Ministros tras el «histórico» acuerdo que alcanzó el Gobierno con sindicatos y empresarios la víspera de Nochebuena y entrará en vigor este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque se decida tramitar como proyecto de ley.
Precisamente en el Congreso la negociación se anticipa complicada, pues algunos grupos ya han anunciado que se opondrán a la misma si sale adelante en los mismos términos que se ha pactado con los agentes sociales; mientras que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya ha amenazado con descolgarse del acuerdo social si el texto pactado con los agentes sociales se modifica a su paso por la Cámara Baja.
«El Gobierno viene dialogando con las formaciones políticas y singularmente con las que vienen apoyando. Lo vamos a seguir haciendo con discreción y con la convicción de que el diálogo es posible», ha recalcado la vicepresidenta, quien ha señalado en este sentido que «la ciudadanía no quiere ruidos», sino «entenderse» y, por ello, tendrán «la mano tendida a las fuerzas que apoyan al Gobierno». «Diálogo y más diálogo», ha insistido.
En este sentido, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha apuntado este martes en una entrevista en RNE que su formación ya ha iniciado las conversaciones con los grupos parlamentarios para explorar «al máximo» todas las posibilidades y «respetar» así el texto que se ha consensuado con los agentes sociales.
Las empresas tendrán tres meses para adoptar la norma
El pacto alcanzado la semana pasada con patronal y sindicatos supone modificar algunos aspectos de la reforma laboral del PP en 2012, tal como reclamaban las voces más ortodoxas del Gobierno como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, frente a su derogación completa como reclamaban desde Unidas Podemos.
Por un lado, establece que el contrato de trabajo ordinario sea el indefinido y que los temporales solo puedan celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo.
Además, recupera la ultraactividad de los convenios, la prioridad del convenio sectorial en materia salarial y sienta las bases de un nuevo modelo de ERTE que sirva de alternativa al despido ante crisis o reconversiones sectoriales.
Entre las principales novedades conocidas este martes, las empresas contarán con un plazo de tres meses para adaptarse a la nueva reforma laboral en lo que concierne a la temporalidad.
Mientras que en el caso de los contratos por obra y servicio que estén en vigor, la duración máxima será de seis meses hasta la entrada en vigor de la norma.
Además, se endurecen las penalizaciones: ahora serán individualizadas y llegarán hasta un máximo de 10.000 euros por trabajador.
«Hoy es uno de los días más importantes del Gobierno y de esta legislatura», ha añadido la vicepresidenta, que ha incidido en que con estos cambios «se recuperan derechos de los trabajadores» frente a otras políticas de recortes y retrocesos. «Es el primer acuerdo de los últimos 40 años que cambia la tendencia de perdida de derechos y devaluación salarial», ha insistido.
Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, ha subrayado que se trata de una reforma «profunda y equilibrada» que nace de un acuerdo que le da «fortaleza y legitimidad».
