El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha advertido a las empresas de reparto que no va a haber «ningún atajo ni posibilidad de burlar» la ley Rider, de cuya entrada en vigor se cumple un año este viernes, y ha afirmado que las infracciones podrían acarrear responsabilidades penales.
«Esta ley está llamada para cumplirse y desde luego pondremos todos los medios a nuestro alcance para exigir responsabilidades a las plataformas que intenten burlar» la norma, ha señalado este viernes Pérez Rey en una entrevista en Las Mañanas de RNE.
El secretario de Estado de Empleo se ha mostrado «muy satisfecho» por la puesta en marcha de una ley que ha calificado de «pionera» y que, a un año de su entrada en vigor, ha multiplicado «por cinco» la cifra de contratados en el sector, «al menos en las grandes empresas, y ha servido de «inspiración a lo que ahora mismo está haciendo Europa».
Respecto al incumplimiento de Glovo, que mantiene un modelo basado en una mayoría de trabajadores autónomos, o las intenciones de Uber Eats de poner en marcha un modelo «híbrido», Pérez Rey ha señalado que «por supuesto nos preocupa» pero ha advertido que «pondremos todos los medios a nuestro alcance para exigir responsabilidad a las plataformas que intenten burlar la ley, con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la cabeza».
En ese sentido, ha advertido que cuando las plataformas se sitúen «deliberadamente fuera del cumplimiento normativo» esta circunstancia tendrá, como primera consecuencia, «una infracción de carácter administrativo, además de las responsabilidades económicas» pero que, en función del grado de incumplimiento, «puede originar una responsabilidad penal».
Estas responsabilidades podrían hacerse extensivas a los establecimientos que utilizan estos servicios «que se basan en un incumplimiento normativo», ha añadido Pérez Rey. El secretario de Estado de Empleo ha recordado que la noma contó con el respaldo de patronal y sindatos, por lo que «estamos ante una ley objetivamente buena».
Tres meses de adaptación
Tras meses de negociaciones, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme lograron cerrar a principios de marzo del año pasado un acuerdo para sacar adelante una ley que establecía la presunción de asalariados de los repartidores autónomos en plataformas.
La ley, publicada en el BOE en mayo y que recogía lo ya sentenciado por los tribunales, daba tres meses de plazo a las empresas para adaptarse a la nueva situación.
Esta misma semana, cuando la norma cumple su primer aniversario, Uber Eats ha señalado que explora un nuevo modelo de reparto a domicilio alternativo e «híbrido» que combine el contrato a terceros con el trabajo con autónomos, a los que recurría antes de la entrada en vigor de la norma.
Glovo ha mantenido este último año un modelo basado en mayoría de repartidores autónomos por lo que ha sido sancionado por la Inspección de Trabajo.