El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado al Gobierno de España y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que las familias en situación de vulnerabilidad no estén obligadas a devolver el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en casos de cobros indebidos. Esta problemática no solo afecta al IMV, sino también a otros subsidios, como los destinados a parados de larga duración gestionados por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y a las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.

En un comunicado publicado en su página web, Gabilondo ha instado a las autoridades a limitar la obligación de devolver el dinero cuando se pueda demostrar que los beneficiarios actuaron de buena fe o cuando el error en el pago sea atribuible a la administración. Esta solicitud ya ha sido trasladada a la Seguridad Social, que deberá decidir si modifica el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que actualmente obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reclamar la devolución de las ayudas en todos los casos, sin excepción.

Preocupación por la situación de las familias afectadas

Gabilondo ha expresado su preocupación por el hecho de que muchas familias que han recibido el Ingreso Mínimo Vital estén siendo contactadas para devolver cantidades que, según las autoridades, fueron cobradas por error en los últimos años. «Son familias sin recursos, a veces en situación de extrema necesidad, que se enfrentan a la difícil tarea de devolver sumas de dinero que no pueden pagar,» señala Gabilondo.

En muchos casos, cuando una familia beneficiaria del IMV mejora su situación económica, está obligada a informar a la administración de sus nuevos ingresos. Sin embargo, Gabilondo explica que las entidades gestoras a menudo tardan meses o incluso años en revisar estos casos, y cuando lo hacen, exigen la devolución del dinero recibido durante todo ese período, lo que coloca a las familias en una situación muy complicada.

La solicitud de un cambio en la ley

Algunos de los afectados han contactado directamente con el Defensor del Pueblo para exponer su situación. Como resultado, Gabilondo ha trasladado esta preocupación a la Administración, solicitando que, en los procedimientos de reclamación, se considere la situación de emergencia económica en la que se encuentran muchas de estas familias y se evite exigirles la devolución de las cantidades percibidas.

Además, Gabilondo ha solicitado al SEPE que se pronuncie sobre la necesidad de abordar una reforma legal. «Es desproporcionado reclamar la devolución íntegra de las prestaciones o ayudas asistenciales cuando se ha demostrado la buena fe de los beneficiarios o cuando ha sido la Administración la que ha cometido el error,» argumenta el Defensor del Pueblo.

Este llamado busca proteger a las familias más vulnerables, garantizando que no se vean aún más afectadas por errores administrativos, y que se establezcan medidas más justas y humanas en la gestión de las ayudas sociales en España.

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