El Consejo y el Parlamento han alcanzado hoy un acuerdo político provisional sobre la propuesta de Directiva destinada a empoderar a los consumidores de cara a la transición ecológica. Su objetivo es mejorar los derechos de los consumidores modificando la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Este acuerdo mantiene los principales objetivos de la Directiva, pero introduce algunas mejoras, como: la inclusión de alegaciones injustas basadas en la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la lista de prácticas prohibidas, medidas más estrictas contra la obsolescencia temprana, la aclaración de la responsabilidad de los comerciantes en determinados casos y la introducción de un formato armonizado para aumentar la visibilidad de la garantía comercial de durabilidad, así como mejoras en el recordatorio sobre la garantía legal de conformidad.

“La ciudadanía está sufriendo las consecuencias del cambio climático y desea que se la tenga en cuenta a la hora de hallar una solución. Con el compromiso logrado hoy, las consumidoras y los consumidores dispondrán de la información necesaria para tomar decisiones ecológicas adecuadas y tendrán una mayor protección frente al blanqueo ecológico y social, además de otras prácticas comerciales desleales. Esto es fundamental para que puedan desempeñar un papel activo en la lucha común por una Europa más ecológica y justa”, ha señalado el ministro de Consumo en funciones de España, Alberto Garzón.

Protección contra las prácticas desleales

La Directiva destinada a empoderar a los consumidores para la transición ecológica tiene por objeto luchar contra las prácticas comerciales desleales que impiden a los consumidores tomar las decisiones adecuadas en lo que se refiere a productos y servicios más ecológicos o circulares. Prácticas como el «blanqueo ecológico» engañoso o declaraciones falsas sobre productos que duran menos de lo previsto son ejemplos de lo que este texto jurídico pretende abordar.

El acuerdo provisional mantiene los principales objetivos de la Directiva, si bien, introduce avances importantes, en particular:

• mejora la credibilidad de las etiquetas de sostenibilidad al definir los elementos clave del sistema de certificación en el que deben basarse, a menos que los establezcan las autoridades públicas
• aumenta la transparencia y el seguimiento de las alegaciones relacionadas con el futuro comportamiento medioambiental
• incluye las alegaciones injustas basadas en la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la lista de prácticas comerciales prohibidas. Esto implica que los comerciantes no podrán alegar que un producto tiene un impacto medioambiental neutro, menor o mejorado basándose en programas de compensación no verificados
• aclara la responsabilidad de los comerciantes a la hora de informar (o de no informar) sobre la obsolescencia temprana, las actualizaciones innecesarias de programas informáticos o la obligación injustificada de comprar piezas de recambio al fabricante original. Dichas prácticas se prohibirán, pero el texto transaccional deja claro que los comerciantes solo serán responsables si saben cuáles son las características de diseño que dan lugar a tales situaciones
• introduce una etiqueta armonizada con información sobre la garantía comercial de durabilidad que ofrecen los productores y que incluirá una referencia a la garantía legal de conformidad. Además, en tiendas o sitios web, se mostrará de forma destacada un aviso armonizado para proporcionar información sobre la garantía legal de conformidad
• concede a los Estados miembros tiempo suficiente para adaptarse a los cambios en la legislación, con un período de transposición de 24 meses.

Próximas etapas

El Consejo y El Parlamento Europeo deben ahora refrendar y adoptar formalmente el acuerdo provisional alcanzado con este último.

Contexto

El 30 de marzo de 2022, la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica. La propuesta es una de las iniciativas que figuran en la Nueva Agenda del Consumidor de 2020 y el Plan de Acción para la Economía Circular de 2020 de la Comisión, y da seguimiento al Pacto Verde Europeo. Forma parte de un paquete de cuatro propuestas, junto con el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, la propuesta de Directiva sobre alegaciones ecológicas y la propuesta de Directiva sobre Derecho a la Reparación.