El Congreso aprueba nuevo paquete anticrisis del Gobierno

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El Congreso ha aprobado este martes el último decreto anticrisis del Gobierno, destinado a combatir el aumento de precios. Este es el noveno paquete de medidas desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Entre las medidas, se incluye la eliminación del IVA del aceite de oliva y la extensión de la rebaja fiscal a los alimentos básicos hasta septiembre, la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables y el aumento de los salarios de los empleados públicos.

El paquete obtuvo 178 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones, después de que Podemos llegara a un acuerdo con el Gobierno para mantener el bono eléctrico. «Seguimos con nuestra política de apoyo social y económico desde el inicio de la pandemia, manteniendo medidas que alivian el alza de precios y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea», destacó María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, al presentar la norma ante el Pleno.

El decreto se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, permitiendo la introducción de enmiendas por parte de los diferentes grupos parlamentarios para modificar el texto original.

Críticas y Apoyos de los Socios del Gobierno

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La convalidación del decreto estuvo en duda hasta el último momento. Finalmente, la mayoría de los partidos que apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez votaron a favor del decreto, destacando que el Gobierno esta vez negoció previamente con los grupos.

«Se nos dio la oportunidad de negociar e introducir elementos», celebraron Oskar Matute de EH Bildu y Pilar Vallugera de ERC, mencionando medidas como la prohibición de cortes de suministros básicos y la tarifa regulada para calderas comunitarias.

A pesar del apoyo, los socios criticaron la «falta de ambición» del Gobierno, señalando la ausencia de medidas como la rebaja del IVA a la carne y el pescado o más ayudas para la factura energética. «Estas medidas deberían ser permanentes», comentó Néstor Rego del BNG, una opinión compartida por Javier Sánchez Serna de Podemos, quien agregó: «No aceptaremos recortes sociales para financiar un régimen de guerra».

El PNV, por su parte, centró su crítica en la necesidad de que las familias recuperen su poder adquisitivo perdido, votando a favor por «responsabilidad» pero señalando que el diseño del decreto podría haberse mejorado. Junts criticó que el decreto incluya medidas que no tienen relación con los conflictos internacionales, mientras que Aina Vidal de Sumar abogó por ir más allá con medidas como la regulación de la vivienda y el aumento automático del salario mínimo.

Oposición Crítica con el Gobierno

El PP criticó duramente el decreto, acusando al Gobierno de utilizar la pandemia y los conflictos internacionales como «coartada» para justificar políticas equivocadas. «Los conflictos han afectado a todo el mundo, pero el estancamiento y empobrecimiento son para los españoles», afirmó José Vicente Marí Bosó del PP.

Vox también criticó el decreto, calificándolo de insuficiente y señalando que no resuelve los problemas de los españoles. Desde UPN, Alberto Catalán destacó la falta de rebaja del IVA en alimentos básicos y calificó el decreto como una «cesión al independentismo», aunque votaron a favor por considerar que las medidas son una rectificación del Gobierno.

Medidas Clave del Decreto

El decreto incluye varias medidas importantes:

  • Actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos para 2024.
  • Aumento del 2% en el salario de los empleados públicos con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
  • Rebaja del IRPF para evitar que los salarios mínimos tributen ese impuesto.
  • Ampliación del programa de apoyo para la movilidad eléctrica MOVES III hasta el 31 de diciembre.
  • Prórroga de la flexibilidad en la modificación de la potencia eléctrica contratada hasta el 31 de diciembre.
  • Prórroga de la reducción del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la industria electrointensiva.
  • Creación del Fondo de Impacto Social (FIS) con 400 millones de euros para proyectos de impacto social y medioambiental.
  • Prórroga de los beneficios fiscales para los afectados por el volcán en La Palma hasta 2024, incluyendo deducciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas, así como la extensión de los ERTE.

Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno con el apoyo social y económico, aunque las críticas de varios sectores indican que aún queda trabajo por hacer para satisfacer todas las demandas y necesidades de la población.

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