El Banco de España en contra de la criptomoneda de Facebook

El Banco de España

El Banco de España se une a las «declaraciones de guerra» en contra de Libra, hecha por EEUU, Francia y otros países que han alertado sobre el impacto que puede tener la criptomoneda en la economía de las naciones

El Banco de España alerta: Libra, la criptomoneda impulsada por Facebook, «podría llegar a convertirse en un elemento desestabilizador de la economía». Así lo ha manifestado hoy la subgobernadora del supervisor bancario nacional, Margarita Delgado, que ha dicho que «el desafío es de tal magnitud que no podemos esperar pasivamente a determinar sus efectos».

Las dudas siempre han acompañado al proyecto de la empresa fundada por Mark Zuckerberg, sobre todo por su potencial impacto internacional y los problemas de privacidad que podrían derivarse de esta divisa digital.

«Como fenómeno global que aspira a ser, Libra demanda una actuación internacional coordinada que resulte verdaderamente efectiva, consistente y que elimine la menor oportunidad de arbitraje», ha indicado Delgado.

En este sentido, ha recordado que desde la cumbre del G-7 se ha puesto en marcha un grupo de trabajo que, de cara al otoño, definirá una hoja clara de ruta. «Entre sus prioridades ya se apunta la necesidad de someter a Libra a estándares regulatorios y de supervisión exigentes», ha afirmado, al tiempo que ha destacado que también parece «apremiante» desplegar mecanismos que aseguren que la gestión de las reservas sea transparente y consistente con la naturaleza de las obligaciones que asumen.

Desde la perspectiva de los clientes, la subgobernadora del Banco de España ha advertido de que no está claro que los acuerdos contractuales que gobiernan el funcionamiento de Libra sean «lo suficientemente transparentes como para permitir que sus usuarios entiendan bien los riesgos a los que están expuestos».

«Por otro lado, no podemos olvidar que la historia reciente de uno de sus promotores no se ha caracterizado precisamente por explotar de modo cuidadoso los datos personales», ha añadido durante su intervención en el «II Foro Banca retos de la digitalización de la banca» organizado por El Economista.

Grandes tecnológicas

Los retos que comportan las nuevas tecnologías también ha sido objeto de análisis para la subgobernadora. En su opinión, uno de los mayores desafíos que supone la digitalización para el sector financiero es la «mayor presión competitiva y, en particular, el mayor papel transformador que podrían jugar compañías como Google o Amazon, es decir, las denominadas «bigtech»».

Si bien Margarita Delgado ha reconocido que la irrupción de estas grandes tecnológicas se asocia con un mayor dinamismo del mercado, no se debe olivadr que las fuertes economías de escala que caracterizan a estos ecosistemas implican un futuro «muy incierto».

La número dos del organismo ha señalado que, como autoridad financiera, la preocupación del Banco de España debe centrarse en que la transformación digital que se produzca en la provisión de servicios financieros «mantenga los niveles de seguridad y protección de la clientela adecuados».

Asimismo, ha incidido en que sin una supervisión adecuada, «este tipo de modelos en los que los intermediarios no asumen responsabilidad alguna respecto al buen fin de las transacciones puede acarrear riesgos sistémicos, como tuvimos la desgracia de comprobar con el estallido de la crisis financiera»

Delgado ha asegurado que, aunque las autoridades son conscientes de los beneficios de las «bigtech» en términos de modernación, «existen preocupaciones derivadas de la entrada de estos agentes en el espacio financiero a las que tendrán «que dar respuesta».

La subgobernadora ha mencionado que las diez principales compañías tecnológicas cuentan hoy en su carteras con más de 50 clases de servicios financieros, a lo que habría que sumar una cifra ascendente de alianzas y acuerdos de colaboración con infinidad de entidades en todo el mundo. El resultado: «Se está conformando un ecosistema de interrelaciones complejo y en muchas ocasiones opaco para las autoridades, cuyas implicaciones potenciales sobre la estabilidad financiera, la competencia o la protección del consumidor se antojan profundas».

(Con información de ABC)

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