Los impagos se han convertido en uno de los mayores desafíos económicos para el sector empresarial, lo que ha llevado a muchos negocios a adoptar una posición preventiva poniendo en marcha diferentes medidas para protegerse de la morosidad: pagos por adelantado, verificaciones de crédito, seguro crediticio, garantía bancaria…

Sin embargo, tan importante como una correcta gestión de cobros, es asumir un rol proactivo y responsable frente a las obligaciones financieras con proveedores, manteniendo un equilibro entre ambos aspectos.

Para conseguirlo, durante los últimos años ha comenzado a promoverse la implantación en las empresas de un código ético que fomente la cultura del pronto pago, ayudando a alcanzar así una mayor sostenibilidad económica.

Aunque la pandemia incrementó el número de compañías que disponían de un documento similar, este compromiso se ha reducido notablemente en la actualidad. Tal y como muestra el último Informe Europeo de Pagos de Intrum, el 31% de las entidades españolas cuenta con un código ético de esta tipología, frente al 48% que optaba por esta medida hace un año, lo que supone un descenso de 17 puntos porcentuales.

Esta falta de previsión contrasta con la realidad económica que se abre camino. Según uno de los últimos artículos analíticos del Banco de España, titulado ‘La evolución económica y financiera de las empresas españolas en 2020 y 2021 según la Central de Balances’, tanto el período medio de pago a proveedores como el de cobro a clientes ha aumentado, aunque ligeramente, a lo largo de los tres primeros trimestres de 2021 respecto a antes de la pandemia.

Una situación que, pese a que no resulta excesivamente alarmante, sí conviene tener presente por la incertidumbre económica actual y los retos financieros a los que se enfrentan las empresas. De hecho, en la última Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Económica (EBAE), correspondiente al cuarto trimestre de 2021, las entidades españolas no anticipan una mejoría adicional para el primer trimestre de 2022. A esto se une, tal y como apuntaba a principios de año la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), el incremento de costes previsto para el sector empresarial por la evolución de los precios energéticos y de las materias primas.

Las empresas españolas, a la cola en la implantación de medidas de pronto pago a proveedores

El Informe Europeo de Pagos refleja que el 51% de las organizaciones reconoce estar tomando medidas para garantizar el pago a tiempo a sus proveedores, un porcentaje que deja a España en una posición de desventaja respecto a los otros 28 países europeos analizados por Intrum, aunque las diferencias no son muy acusadas.

Según el estudio, las compañías españolas ocupan, junto a Portugal y Bélgica (ambos con un 51%), el penúltimo puesto en el ranking de empresas que están aplicando pautas de este tipo, solo por encima de Croacia (50%) y tres puntos por debajo de la media europea.

Esta falta de regulación interna de los pagos a proveedores también se ve reflejada en el comportamiento demostrado por las compañías españolas en el último año. Tal y como muestra el análisis realizado por la empresa líder en gestión de impagados, el 59% reconoce que la incertidumbre macroeconómica les ha llevado a extender las condiciones de pago a proveedores, lo que evidencia, una vez más, la necesidad de emprender acciones que ayuden a evitar problemas financieros futuros.

Pese a la realidad, las entidades demuestran mayor concienciación frente al riesgo de los imagos

No obstante, a pesar de que la implantación de medidas o la creación de un documento que fomente la gestión proactiva de pagos y cobros no es la que debería, cada vez más compañías ven esta problemática como una cuestión social que requiere una implicación fehaciente de todo el entramado empresarial. Sobre todo, de las organizaciones más grandes.

Una prueba de ello es que 6 de cada 10 empresas encuestadas creen que las fechas de pago deberían formar parte de los informes de sostenibilidad de las compañías, y el 70% opina que las empresas de mayor tamaño tienen la responsabilidad de garantizar que se realicen a tiempo los pagos a las entidades más pequeñas.

El 2021 se cierra con los plazos de pago entre empresas más largos desde 2013