La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto este martes que el salario mínimo esté exento de impuestos y cotizaciones en el marco de «reformar y regenerar todo aquello que lastra la economía», así como un plan de ayudas fiscales a los empresarios para que dejen de ser los «prestamistas del Estado».
En su intervención en un foro organizado por ABC, Ayuso ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que ayude «a los más desfavorecidos y a las empresas que lo están pasando mal» y «deje de destruir por decreto la España de 2021», y que asuma el control de la pandemia, dotando de recursos y herramientas a las comunidades autónomas.
Según Díaz Ayuso «subir los impuestos a los españoles, y muy especialmente a los creadores de empleo, de forma reiterada y en medio de la peor crisis económica no es libertad: es un atentado contra la propiedad privada injusto y contraproducente, que solo entiende quien quiere asumir el control absoluto sobre la vida de los que entiende como súbditos».
Con la exención de impuestos y cotizaciones del salario mínimo interprofesional, Díaz Ayuso ha apuntado que «los más desfavorecidos contarían con 850 euros más al año», y los empresarios tendrían «más recursos para contratar, invertir o afrontar deudas».
A su juicio, las últimas subidas del salario mínimo interprofesional «no solo han destruido decenas de miles de empleos», sino que «también han supuesto más impuestos y menos dinero para quien más lo necesita».
Para la presidenta «hay que dejar de saquear los bolsillos de los ciudadanos, matando el incentivo y la iniciativa».
Plan de ayudas fiscales a empresarios
Díaz Ayuso ha planteado un plan de ayudas fiscales a los empresarios y no seguir «asfixiándolos».
«Los empresarios no son prestamistas del Estado. Si les obligamos a hacer la declaración trimestral por IVA y a abonar la cuenta cuando les sale a pagar, es de justicia que las devoluciones también se hagan de forma trimestral», ha sostenido.
En sus declaraciones, la presidente madrileña ha puesto como ejemplo Alemania, donde ya están aprobando medidas para compensar las pérdidas de 2020 con cargo a los impuestos pagados por beneficios pasados, algo que debería hacerse en España.
«Las ayudas a empresas no tienen por qué generar dependencia, ni mucho menos suponer una intromisión del Estado en la estructura accionarial del tejido productivo», ha considerado.
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