La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que la reforma laboral, parte del Plan de Recuperación, saldrá este año.

Díaz ha indicado que la reforma laboral remitida a la Comisión Europea, como parte del Plan de Recuperación, no es sólo una «enmienda» a la reforma laboral del PP de 2012, sino que va mucho más allá por su «ambicioso» contenido.

La ministra ha explicado que este componente hace algo que no se ha hecho nunca en España: «provocar una auténtica revolución en el mercado de trabajo» a través de una «enmienda colectiva a las prácticas públicas incorrectas y disfuncionales» del pasado.

Así, a través de diez reformas y siete inversiones, el Gobierno pretende transformar el mercado laboral y dar un vuelco a lo que hace a España «singularmente diferente» de Europa: su elevado paro estructural y el alto nivel de precariedad.

Y todo ello, ha señalado, a través del diálogo social, donde ya se están abordando diferentes medidas que conformarán un primer paquete de reformas a realizar antes de que acabe el año. En esto, la ministra ha sido clara: los plazos que han remitido a Bruselas no son discutibles, porque de ello depende la llegada de los fondos europeos y el «futuro» del país, de lo que se desprende que si no hay acuerdo en el diálogo social, el Gobierno legislará igualmente.

«Los plazos en Derecho no se discuten, nos hemos fijado una fecha y hay que cumplirla», ha insistido la ministra al ser preguntada por si se trata de un plazo realista teniendo en cuenta la cantidad de materias a abordar y las diferencias que separan a los agentes sociales del acuerdo.

Díaz ha respondido que el diálogo social ha avanzado ya mucho en algunas materias -algunas ya se estaban discutiendo antes de la llegada de la pandemia- y que sindicatos y empresarios le han demostrado «siempre» que están a la altura de lo que se les pide.

«El componente 23 es archiconocido por quienes se reúnen en la planta cuarta de este Ministerio (los agentes sociales). Aunque nunca doy plazos por si no se cumplen, en este caso nos jugamos nuestro país. Y creo que las cifras de precariedad no se pueden extender más. También soy consciente de que son reformas que nunca se han abordado en España y eso me entristece. Daba igual el Gobierno que estuviera, siempre eran los mismos números. Pero nosotros vamos a cumplir», ha aseverado.

«LA ESTABILIDAD SERÁ LA NORMA, LA TEMPORALIDAD, LA EXCEPCIÓN»

Díaz ha advertido de que la precariedad «condena y lastra» la vida de las persnas y condiciona las decisiones familiares. «La precariedad es sinónimo de tener miedo a que te corten el suministro de la luz o que no puedas pagar la hipoteca a final de mes», ha advertido.

Así, es objetivo del Gobierno dejar atrás ese modelo «caduco», con transformaciones que darán «esperanza a los jóvenes y a la mayoría social», alejándose del «tenemos que apretarnos el cinturón» de Mariano Rajoy porque «ha llegado el momento» de devolver los derechos y oportunidades que fueron «arrebatados» en la anterior crisis.

En esa modernización «radical» del mercado laboral, ha dicho la ministra, «la norma será la estabilidad en el empleo y la excepción, la temporalidad y los despidos», incluido el sector turístico, para que el aboga por fórmulas de estabilidad como los contratos fijos-discontinuos.

«La fórmula será con carácter ordinario la estabilidad y eso también incluye a los fijos-discontinuos pero no otras fórmulas. La estacionalidad no puede significar nunca precariedad laboral», una afirmación que la ministra también ha hecho extensible al sector agrícola.

Preguntada por cómo piensa convencer a los empresarios de que el contrato indefinido debe ser la regla general», la ministra ha indicado que «no quiere convencer a nadie» porque los agentes sociales saben que la temporalidad es «un mal endémico» en España.

En el componente 23 del Plan de Recuperación se apuntan algunas medidas para avanzar en la estabilidad laboral y reducir la precariedad y la temporalidad laboral. Uno de ellos es el mecanismo de estabilidad laboral que, basándose en el modelo de los ERTE aplicados en la pandemia, permitirá realizar ajustes de flexibilidad interna en las empresas en momentos críticos, sin recurrir al despido.

Sobre cómo se financiará el fondo tripartito sobre el que descansará ese mecanismo, la ministra sólo ha indicado que se hará a través del Estado, las empresas y los trabajadores.

En cuanto a si el Gobierno se propone aumentar la penalización por la rescisión de los contratos de muy corta duración, Díaz ha señalado que, pese a estar penalizados ya con un 40% en las cotizaciones, se siguen haciendo estas prácticas, lo que demuestra, a su juicio, que «pesa la cultura de la precariedad» que existe en España desde hace tiempo y que «lo punitivo no arregla los problemas». «Si no funciona, habrá que cambiarlo. Vamos a trabajarlo en la mesa de diálogo social», ha apuntado.

Otra medida que quiere emprender el Gobierno con los agentes sociales es la reordenación de las bonificaciones a la contratación. El Plan de Recuperación explicita que los incentivos deben centrarse casi exclusivamente en la empleabilidad de las personas en paro y «siempre» para contratos indefinidos, no temporales.

La ministra, que ha dejado claro que la reforma remitida a Bruselas contiene las recomendaciones hechas por la Comisión a España, ha indicado además que el componente 23 contempla los cambios en la negociación colectiva recogidos en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos (reequilibrio de las distintas unidades de negociación, ultraactividad, prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa), así como la reforma de las subcontratas.

También recoge este componente una reordenación de la «panoplia» de subsidios asistenciales por desempleo para unificarlos en uno solo. La intención del Gobierno, ha esbozado Díaz, es clarificar la protección asistencial, ampliar la protección frente al paro y mejorar las cuantías, aunque no ha querido entrar en más detalles porque se trata de un tema que se discutirá más adelante con los agentes sociales.

NO SIN LOS JÓVENES NI LAS MUJERES

Díaz ha subrayado que estas transformaciones en el mercado laboral no se pueden emprender sin tener en cuenta a los jóvenes, a los que ha dicho que hay que devolverles derechos y saldar la «enorme deuda» que se tiene con ellos. Por ello, el Plan de Recuperación contempla una inversión de 765 millones de euros para impulsar el empleo juvenil a través de diferentes programas.

«Vamos a ser el primer Gobierno de España en darle una oportunidad a los jóvenes de nuestro país», ha subrayado la ministra, que ha calificado de «vergüenza» que en España se pague sólo 430 euros a un joven investigador, que además carece de un contrato digno.

Junto a los jóvenes, Díaz ha indicado que no habrá cambio posible en España sin contar con las mujeres, por lo que el Gobierno será «radical» en su objetivo de avanzar en la incorporación de la mujer al mercado laboral en condiciones de igualdad, tanto en la entrada como en la salida del mercado laboral.

«La legislatura empieza ahora, los cambios empiezan ahora. Nunca más escucharemos a un Gobierno decirle a los ciudadanos que toca ajustarse el cinturón», ha concluido la ministra