La Fiscalía Europea ha desmantelado una organización criminal dedicada a defraudar el IVA de productos electrónicos a la que se atribuye un fraude de unos 2.200 millones de euros.
La Fiscalía Europea ha coordinado la operación Admiral en colaboración simultánea con Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Rumanía, países en los que se han realizado numerosos registros en empresas y domicilios.
En España las actuaciones han sido desarrolladas por distintas unidades especializadas de la Guardia Civil. Se realizaron un total de cuatro entradas y registros en una empresa de Barcelona y en dos domicilios y un despacho de abogados de Marbella (Málaga), en las que se intervinieron dos vehículos de alta gama y diversa documentación mercantil.
La investigación surgió en abril de 2021 después de que las Autoridades Tributarias portuguesas de Coimbra detectaron una sospecha de fraude en el IVA de una empresa de venta de teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos.
9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas
Tras la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea en junio de 2021, y en base al nuevo marco legislativo, ésta se hizo cargo de la investigación lusa.
A través de la cooperación internacional, los Fiscales Europeos, los Fiscales Europeos Delegados, los analistas de fraude financiero de la Fiscalía Europea y de Europol, así como las autoridades nacionales involucradas, establecieron gradualmente conexiones entre la empresa inicialmente investigada en Portugal con cerca de otras 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países.
Dieciocho meses después de recibir el informe inicial, la Fiscalía Europea ha identificado el mayor fraude carrusel del IVA hasta el momento investigado en la UE.
Las actividades delictivas investigadas se extienden a los 22 Estados Miembros que reconocen la jurisdicción de la Fiscalía Europea, así como Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia, y terceros países como Albania, China, Islas Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
Grupos de delincuencia organizada altamente cualificados
La trama estaba conformada por un complejo entramado de empresas que actuaban como proveedores de los dispositivos electrónicos y otras que reclamaban la devolución del IVA a las autoridades fiscales nacionales una vez vendidos los dispositivos a particulares a través de plataformas de comercio electrónico.
Posteriormente, canalizaban los beneficios de estas ventas al extranjero antes de disolverse (empresas trucha o missing traders).
Estas actividades no serían posibles sin la participación de varios grupos de delincuencia organizada altamente cualificados, cada uno de los cuales desarrolla funciones específicas en el entramado, lo cual les habría permitido evitar ser detectados durante años.
Según datos de Europol, el fraude carrusel del IVA o fraude intracomunitario de operadores desaparecidos (MTIC, por sus siglas en inglés), es el delito que más beneficios proporciona al crimen organizado en la UE, con un coste de unos 50.000 millones de euros anuales para los Estados miembros.