El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en primera lectura, con la intención de enviarlo al Congreso como proyecto de ley «antes de que termine el año», aseguran fuentes del Ministerio de Transportes.
Tras casi un año de tensa negociación entre los socios de gobierno, el texto pactado por el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales verá este martes la luz, con la regulación de los alquileres entre sus puntos más polémicos y que suscitan más rechazo en el sector inmobiliario.
Los polémicos cambios de la ley
- Permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, en función de un índice oficial, a las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas.
- Al resto de propietarios, se les limita el incremento de precios al 10% sobre la última renta del contrato anterior, según fuentes conocedoras del texto.
- La distinción entre arrendadores que son personas físicas y jurídicas no ha gustado a las organizaciones sociales impulsoras de la ley, que este lunes volverán a movilizarse frente al Congreso para pedir esa y otras modificaciones.
- La declaración de zonas tensionadas corresponderá a las comunidades autónomas, a petición de los municipios, que lo podrán solicitar si la renta de alquiler supera el 30 % de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC, señalan las fuentes. El movimiento de vivienda quiere que la declaración de zona tensionada se pueda pedir solo con que se cumpla una sola de esas dos condiciones, en lugar de las dos simultáneamente.
- Los nuevos contratos generaran una desgravación general del 50% en el IRPF, modulable en función de diversos criterios hasta el 90% de bonificación máxima para los caseros que rebajen un 5% el precio de sus alquileres.
- Define la vivienda vacía como aquella que esté desocupada más de dos años y sea de propietarios con un mínimo de cuatro viviendas, y da la posibilidad a los ayuntamientos de aplicarles un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del IBI para incentivar su puesta en el mercado.
- Para incrementar el parque público, establece la reserva del 30 % del suelo urbanizado en las nuevas promociones para vivienda pública y, de ese porcentaje, la mitad para alquiler.
- Crea también junto a la vivienda protegida la figura de la «vivienda asequible incentivada», como aquella de titularidad privada con beneficios urbanísticos y fiscales destinada al alquiler a precios reducidos.
Reclaman también que los municipios tengan autonomía para aprobar la declaración y no dependan de la autorización del correspondiente gobierno regional.
Entre las peticiones que previsiblemente expondrán este lunes frente al Congreso y que grupos parlamentarios como Unidas Podemos y ERC defenderán en forma de enmiendas durante la tramitación de la ley, figura además la eliminación del plazo de 18 meses para la aplicación obligatoria del índice de precios.
Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, ha declarado que esta ‘vacatio legis’ retrasaría el efecto pretendido de la ley sin ninguna justificación, puesto que ya existe el sistema de índices de referencia del Ministerio de Transportes.
«Teniendo en cuenta que el proceso parlamentario va a tardar como poco un año, nos pondríamos en 2024 para que se puedan empezar a regular los alquileres, lo que es una barbaridad», explica Bardera, convencido de que ese tiempo «le sigue dando oxígeno a los grandes tenedores, no solamente para seguir aumentando los precios con cada nuevo contrato, sino para que pongan a funcionar a sus sistemas jurídicos para que inventen maneras de burlar la regulación».
Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) han explicado que el anteproyecto irá este martes en primera lectura al Consejo de Ministros, que abrirá (como está obligado a hacer por ley) un procedimiento de audiencia pública y de información pública que al menos se prolongará hasta la tercera semana de noviembre.
En dicho procedimiento, el Mitma pide un informe jurídico a todos los ministerios por si consideran que tiene que cambiar o mejorar técnicamente algo del texto.
Entretanto, lo servicios jurídicos del ministerio que dirige Raquel Sánchez analizan si el anteproyecto afecta a alguna transposición de directiva europea, ya que en ese caso es preciso pedir informe al Consejo de Estado.
Si así fuera, se enviaría el texto a ese órgano consultivo una vez terminado el procedimiento de información pública y, si no, pasaría directamente al Consejo de Ministros en segunda lectura y de ahí al Congreso para su tramitación parlamentaria.
Tanto el procedimiento de audiencia pública como, en su caso, el informe del Consejo de Estado, se realizarán por la vía de urgencia, lo que reduce los plazos a la mitad, indican desde el ministerio, cuyo objetivo es remitir el proyecto de ley al Congreso «antes de que termine el año».
Dado que el actual periodo de sesiones de la cámara termina en diciembre, la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda comenzaría previsiblemente en febrero de 2022, una vez empiece el nuevo periodo de sesiones.
