¿Qué es el FLA?

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) fue creado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el año 2012 durante la crisis económica, cuando las comunidades tenían muchos problemas para que les prestaran dinero en los mercados financieros. Mediante él, el Gobierno otorga dinero a las comunidades autónomas adscritas para que financien, entre otras, las competencias que tienen en exclusiva como educación o sanidad, que son precisamente las que más gasto público requieren.

¿Qué comunidades están adscritas?

En este Fondo no se encuentran todas las comunidades autónomas y solamente están adscritas las que así lo pidieron al Ministerio de Hacienda: Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La Comunidad de Madrid, pese a estar en el régimen general, no está adscrita a este mecanismo. Tampoco el País Vasco y Navarra, al regirse por el régimen foral.

¿Cuánto debe cada comunidad por este mecanismo?

Las cantidades distan mucho en función de la región. De hecho, Cataluña es la comunidad que más debe al FLA, con 73.110 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 48.344 millones; y lejos de ellas Andalucía (25.409 millones), Castilla La Mancha (11.363 millones) y la Región de Murcia (10.286 millones).

Mientras que el Principado de Asturias y La Rioja son las que menos adeudan, por debajo de los 1.000 millones de euros.

¿Qué se ha acordado?

El acuerdo ratificado este jueves entre el PSOE y ERC en el marco de la investidura de Pedro Sánchez implica que el Gobierno condone un 20% de la deuda total de 73.110 millones de euros que la administración catalana mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Esto es, unos 15.000 millones de euros, además del ahorro de alrededor de 1.300 millones en intereses.

“Además, el acuerdo recalca que en el caso de que la Generalitat de Cataluña tenga deudas con otras instituciones públicas o privadas distintas del Estado español, se estudiarán transferencias directas del Estado a la Generalitat para cancelar esas deudas. Pero ese importe no lo cuantifica”, añade Javier Collado.

Pero, ¿a quién beneficia?

A falta de conocer los detalles, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, explicó tras hacer público el pacto que este mecanismo de condonación de deuda también será extensible al resto de comunidades autónomas de régimen común y que estén adscritas a este fondo.

En la misma línea, la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado este viernes que la quita se hará garantizando «la igualdad de trato de todas las comunidades», y que no afectará a la posición de España en los mercados financieros. Así, ha explicado que se trata de una medida «extensible a las regiones gobernadas por el PP», algunas de las cuales «arrastran un enorme volumen de deuda pública desde hace décadas que lastra su vuelta a la disciplina financiera».

¿Cuáles han sido las reacciones?

Sin embargo, las críticas al acuerdo no se han hecho esperar, sobre todo por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que ya han anunciado que recurrirán a los tribunales. “Aunque se les condone al resto de comunidades la deuda, hay grandes diferencias en el montante”, apunta Collado.

De la misma manera, algunas regiones gobernadas por el PSOE también han puesto en tela de juicio la medida. Por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha pedido que la quita de la deuda pública sea mayor para aquellas regiones que están infrafinanciadas con el actual modelo, entre las que ha citado Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia además de Castilla-La Mancha.

¿Qué pasa con la Comunidad de Madrid, que no se adscribe al FLA?

El caso de Madrid, “es capital del Estado y tiene otros pluses que no tienen esas otras comunidades autónomas”, sostiene José Manuel Corrales, lo que les permite tener las cuentas más saneadas.

Por ejemplo, añade Javier Collado, en el IRPF: “Madrid está dentro del régimen común, lo que pasa que ellos han optado por una estrategia de tener mucha gente tributando, pero tributando menos”, lo que les permite diferenciarse del resto de autonomías.

¿Es Cataluña la más beneficiada?

En caso de que a todas las comunidades el Estado les condonase el 20% de la deuda, Cataluña sería la más beneficiada con unos 15.000 millones de euros. Le seguiría la Comunidad Valenciana, con prácticamente la mitad de la quita (9.669 millones); mientras que la menos beneficiada sería la Región de Murcia, con una condonación de unos 161 millones de euros.

¿Cuáles son las comunidades más endeudadas?

En suma, y de acuerdo a los datos del Banco de España correspondientes al segundo trimestre de 2023, Cataluña acumula un pasivo de 84.388 millones (la deuda con el FLA, pero también con entidades financieras), lo que representa una ratio de endeudamiento sobre su PIB del 32,4%, en línea con otras comunidades como la Región de Murcia o Castilla-La Mancha, con un 32,1%.

No obstante, es la Comunidad Valenciana la región más endeudada en relación a su riqueza, con el 43,5%. Mientras que en la franja baja se sitúan la Comunidad de Madrid (13,7%) y las dos comunidades forales fuera del régimen común, Navarra (13,3%) y País Vasco (13%).

Pero, ¿quién asumirá esa deuda?

El Estado. “Que somos todos, pero también las comunidades autónomas”, señala el profesor José Manuel Corrales.

¿Cómo se pondrá en marcha?

No será fácil, apuntan los expertos consultados. “Para hacer esto hay que modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, para lo cual necesitas mayoría absoluta en el Congreso. El PSOE no la tiene y podrían oponerse los grupos vascos”, sostiene el profesor del CEF-UDIMA. Asimismo, posteriormente habría que modificar otras leyes anexas.

¿Qué supondrá el acuerdo?

“Las tesorerías de las comunidades autónomas se librarían de devolver el dinero prestado de antemano, pero también pagar los intereses generados, lo que permite muchísimo más margen de maniobra para que las comunidades puedan financiar sobre todo servicios públicos esenciales”, recalca el profesor de la Universidad Europea. Según sus cálculos, si hubiese una condonación de la deuda autonómica en esos términos, del 20%, estaríamos hablando de una condonación total de 38.000 millones de euros.

Pero también hay otra parte negativa, según Cristina Castellanos. Es lo que se denomina “riesgo moral” y podría tener consecuencias en el rating de los analistas. “Además también podría afectar a la sostenibilidad de esa deuda”, sostiene Conde-Ruiz, “porque de alguna forma esta indisciplina, porque ahora están pidiendo la condonación, luego pedirán otra… te va a llevar a mayores déficits en el futuro”. “Yo creo que esto desde el punto de vista económico, no tiene ningún sentido”, sentencia.

En opinión de ambos analistas, si hay un problema realmente de financiación, habría que reformar el sistema de financiación autonómico. “Parecería sensato que se sentaran todos los agentes a la mesa y llegaran a un acuerdo sobre unos sistemas en los que todo el mundo esté de acuerdo con los grados de solidaridad que son necesarios y con los grados de presión fiscal y responsabilidad fiscal de cada autonomía”, asegura la profesora de la UNED.

Sin embargo, “con el nivel de polarización actual” se antoja difícil sacar adelante cualquier medida de este tipo, concluye Corrales.

Otros acuerdos alcanzados

Este mismo viernes se ha cerrado también un acuerdo entre el PSOE y el BNG para condonar la deuda a Galicia no a través del FLA, sino por medio de otros mecanismos «análogos», ya que el gobierno gallego se acogió entonces a la financiación privada. En concreto, el acuerdo recoge que «en caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por comunidades autónomas adheridas al FLA» se establecerán «medidas compensatorias análogas para Galicia, en el marco de las compensaciones» a las comunidades que no hicieron uso del FLA, como es el caso gallego.

Los representantes del Bloque no han confirmado la cantidad a condonar aunque han recordado que las negociaciones que se están abordando son en torno del 20% en un escenario en el que la deuda pública que tiene Galicia asciende a 12.333 millones de euros desde 2021.