El Gobierno está trabajando ya modificar la indemnización por despido improcedente que podría volver a los 45 días, especialmente para los trabajadores de mayor edad y escaso tiempo de cotización.
Así lo comunicó este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso en el que ha apostado por enfocar el debate sobre el despido al estilo europeo para avanzar hacia un «despido restaurativo y disuasorio» en que cuente la edad del trabajador despedido.
La propuesta que, según Díaz, se aleja de la «formulación clásica» de recuperar la indemnización por despido improcedente de 45 días de forma generalizada y promete convertirse en un nuevo frente con los sindicatos y con sus socios parlamentarios toda vez que Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG presentaron a mediados de mayo una proposición ante el congreso para avanzar en la ampliación de derechos laborales con medidas como un aumento de las indemnizaciones por despido, la modificación de las causas para el mismo, la recuperación de los salarios de tramitación, y la reinstauración de la autorización administrativa para los despidos colectivos.
También incluye modificaciones en el ámbito de la subcontratación, medidas para combatir situaciones de precariedad, parcialidad e inestabilidad laboral y un fortalecimiento de la negociación colectiva.
La cuantía de la indemnización por despido improcedente dependerá de la edad del trabajador
Los proponentes se desmarcaron del apoyo a la reforma laboral que recibió la aprobación del Congreso por el error de un diputado del PP en su voto telemático. La idea lanzada por Yolanda Díaz buscaría recomponer la relación con sus socios ahora que el diálogo social con los empresarios pasa por malos momentos.
En su comparecencia ante la comisión parlamentaria, Díaz aseguró que «el despido tiene que tener una intención disuasoria y una mirada más ambiciosa en la indemnización “. La ministra de Trabajo planteó a los diputados el debate de qué hacer con “un trabajador que tenga 58 años y no mucho tiempo de cotización: ¿este trabajador no merecería que su indemnización sea mayor por la razón de la edad que tiene?». Por eso mismo, la cuantía de la indemnización no sería única sino que dependería de la edad del trabajador despedido.
La intención del Gobierno es imitar el modelo de otros países europeos con un despido «restaurativo y disuasorio» que vaya más allá de regular solamente la cuantía de las indemnizaciones. Se trata de que, en los casos de despidos de trabajadores de mayor edad, pero con carreras de cotización insuficientes, estos puedan contar con armar un colchón más generoso para su retiro ante el riesgo de no volver a reincorporarse al mercado de trabajo en los últimos años de edad activa, según recoge La Información.
La modificación del despido es uno de los temas que quedó fuera de la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021 tras nueve meses de negociación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. El nuevo marco laboral buscaba cambios estructurales enfocados a reducir la temporalidad y la precariedad en el mercado de trabajo español, a los que ha aludido este miércoles la ministra, el mismo día en que se ha conocido que la cifra de paro ha bajado por primera vez de los 3 millones.
Los expertos piden que el Estatuto de los trabajadores esté «menos escorado hacia el mercado».
Fuera del ámbito político, expertos en Derecho del Trabajo reclaman, de cara a la elaboración del nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que los empleados de más edad tengan derecho de opción ante un despido declarado improcedente, de forma que sean ellos, y no la empresa, los que puedan elegir entre la readmisión o la indemnización.
Se trata de una de las muchas propuestas recogidas en el XXXII Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en el que más de 300 profesionales y académicos de todo el Estado han abogado por una reforma del Estatuto de los Trabajadores que ponga el acento en la protección de los trabajadores y que esté «menos escorado hacia el mercado».
