Casi la mitad de los empleados públicos que hay en España (2,7 millones de personas), en concreto un 45%, consume a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros), según un estudio elaborado por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), con motivo de la celebración este lunes del Día Mundial de la Salud Mental.
La ‘Encuesta sobre la salud mental en el ámbito laboral’, realizada por CSIF a 2.028 empleados públicos de entre 25 y 64 años, se ha hecho a personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas:
De acuerdo con los resultados del estudio, la carga de trabajo, el escaso reconocimiento profesional y salarial y el mal clima laboral son las tres principales causas que alegan los encuestados para recurrir al consumo de psicofármacos, según constata.
El cuestionario realizado revela que un 34,2% consume ansiolíticos o tranquilizantes, el 19,6% antidepresivos, el 14,4% hipnosedantes y un 10,8%, otro tipo de psicofármacos.
El consumo diario de estos fármacos es casi generalizado en todos los ámbitos de la administración, aunque con especial incidencia en sanidad y educación, según los resultados de la encuesta de CSIF.
El perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo que consume ansiolíticos a diario por soportar un exceso de carga de trabajo o por pensar que carece del debido reconocimiento profesional, según ha señalado la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal, en rueda de prensa.
Los ansiolíticos, el psicofármaco más consumido
Los psicofármacos más consumidos son, según la encuesta de CSIF, ansiolíticos (66% de los encuestados reconoce su uso), antidepresivos (43,6%) y somníferos (32,1%). Un 51% de los encuestados asegura consumir estos fármacos a diario, un 13% varias veces a la semana, un 21% alguna vez al mes y un 15% en el último año.
El 76% manifiesta que el trabajo le influye a la hora de consumir estas sustancias: un 54,2% lo relaciona por un exceso de carga de trabajo, un 44,6 por el escaso reconocimiento profesional y un 37,7% por el mal clima laboral (conflictos, situaciones de acoso, etc.).
Además, un 21,22% relaciona el uso de estos fármacos con la inseguridad laboral (temporalidad, interinidad, etc.), un 20,6% con los problemas con los usuarios a los que presta servicio y un 12,6% con los problemas económicos.
Otro dato significativo de la encuesta es que más de la mitad (55%) de los encuestados reconoce que no consumía esta medicación antes de la pandemia de COVID-19, mientras que el 93% se queja de la ausencia en sus centros de trabajo de iniciativas sobre protección de la salud mental.
CSIF exige medidas de prevención de riesgos para la salud mental
Aprovechando el lanzamiento de la encuesta, CSIF ha puesto en marcha la campaña ‘Trabajamos por ti, comprometidos contigo. Promoviendo el respeto y la salud mental en el ámbito laboral’, que pretende ofrecer ayuda a los empleados públicos en situación de riesgo psicosocial.
También recoge exigir al Gobierno que legisle para poner en marcha un paquete de medidas centradas en promover la prevención de riesgos para la salud mental en los centros de trabajo.
Entre esas medidas, la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal, ha justificado en rueda de prensa la necesidad de la aprobación de una directiva europea sobre riesgos psicosociales y su desarrollo a través de Real Decreto, así como de realizar evaluaciones de riesgos y gestión psicosocial real en los centros.
De la misma forma, otra de las propuestas de la organización sindical es la de establecer la figura del ‘psicólogo en el trabajo’ e incluirla en la ley de Prevención de Riesgos Laborales como un miembro más del Servicio de Prevención.
Por último, CSIF aboga por un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluya los colectivos profesionales más vulnerables, planes de prevención e intervención sobre conductas adictivas en el ámbito laboral y vigilancia de la salud mental en los centros de trabajo. «Sin salud mental no hay salud, es cosa de todos», ha remachado Abascal.
«Déficit brutal» de profesionales
Otro de los puntos clave para CSIF es aumentar el número de plazas en Psicología, Psiquiatría, Enfermería especializada en salud mental y terapeutas ocupacionales, debido al «déficit brutal» de profesionales, tal y como ha denunciado el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.
Según datos de Eurostat, España dispone de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la UE es de 18. «Para equipararnos a la UE necesitaríamos 5.640 profesionales de esta especialidad», ha detallado. En España hay 9,6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes frente a los 18 de la media UE, por lo que habría que incorporar a 3.948 profesionales para llegar a la media europea.
«No existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas. En concreto, denunciamos que la salud mental supone tan solo del 5% del gasto sanitario total, frente a la media del 7,5% de los países de nuestro entorno, según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría», ha añadido.
Además, Hontangas ha detallado que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media en toda España, aunque la situación varía entre comunidades autónomas: en Andalucía y Castilla-La Mancha puede llegar hasta 4 y 5 meses, respectivamente, para la primera consulta, y en Aragón hasta 9 meses.
Por otro lado, ha lamentado que el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses en España, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón.
Igualmente, el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF ha criticado que la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 «tampoco se ha implantado en todas las comunidades autónomas». Según el sindicato, no está presente ni en Cataluña ni Comunidad Valenciana, por ejemplo; mientras que Cataluña y Madrid, entre otras regiones, tampoco han reforzado sus servicios de salud mental tras la pandemia.