Un estudio realizado por Comisiones Obreras (CCOO) denuncia el uso equivocado de la normativa y solicita un replanteamiento para garantizar su correcta implementación.

Casi la mitad de los trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje ocuparon puestos de camareros, dependientes de pequeño comercio, peones y limpiadores en 2017, según un informe basado en datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) difundido por Comisiones Obreras (CCOO).

El sindicato recuerda que los de formación, que articulan la llamada formación dual del sistema laboral, se dirigen «en teoría» a cualificar a jóvenes con bajo nivel educativo. No obstante, denuncia que en la práctica se utilizan como un contrato «barato» principalmente en pymes y micropymes de hostelería y comercio.

De hecho, las empresas clasificadas en la actividad de comercio al por menor y los servicios de comidas y bebidas realizan el 35 por ciento de las contrataciones.

CCOO advierte en su informe de que el contrato para la formación ha ido sufriendo en los últimos años una «progresiva precarización«. «El Real Decreto 1529/2012 por el que se desarrollan los contratos para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases para la formación dual, eliminó casi cualquier barrera objetiva o subjetiva para suscribirlos: se elevó a 30 años la edad máxima a la que se podía ser contratado, se eliminó la exigencia de que el contratado tuviera un nivel académico bajo y se permitió el encadenamiento de contratos siempre que no fueran para la misma ocupación», alega el sindicato.

Al respecto, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana, ha denunciado que hoy en día un licenciado puede ser contratado durante un año para ‘aprender’ a ser camarero y luego ser contratado en la misma empresa para ‘aprender’ a ser dependiente y más tarde para ‘aprender’ a ser empleado de limpieza. «El aprendizaje no es más que una coartada para subvencionar contratos precarios y que las academias privadas ganen dinero«, alerta.

En este sentido, CCOO subraya que, por cada contrato, el Estado abona mensualmente 214 euros a las academias privadas que imparten los cursos ‘online’ y entre 60 y 80 euros más a las empresas en concepto de tutoría. En los últimos cinco años, las bonificaciones a estos contratos, con tasas de inserción que rondan el 3 por ciento, han supuesto un gasto de 1.893 millones de euros. «Esto es un claro ejemplo de la financiación pública de la precariedad laboral«, expone Santillana.

Según el sindicato, los contratos en prácticas y para la formación obedecen a distintos patrones. Los primeros, dirigidos a jóvenes con titulación superior, se realizan en grandes empresas para ocupaciones relacionadas con las matemáticas, las ciencias, tecnologías e ingenierías y cuentan con una presencia femenina algo inferior a la masculina. Y los segundos se celebran sobre todo en pymes o micropymes del comercio y la hostelería.

El sindicato considera que para abordar «seriamente» la formación dual, sea del sistema laboral o del educativo, la duración del contrato no puede ser inferior a la duración de los estudios, los cursos deben ser presenciales, y las empresas deben contar con tutores cualificados.

«No basta con llamar a algo formación dual para que lo sea, pero denominar formación dual del sistema laboral a los contratos para la formación, ha permitido al Gobierno inflar las estadísticas que presenta en foros internacionales», concluye la responsable de Empleo CCOO, que ve urgente modificar el marco normativo para garantizar que estos contratos cumplen su objetivo de formación. En caso de no ser así, el sindicato pide que se denuncien las situaciones de fraude.