La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha advertido que los autónomos podrían quedarse sin las ayudas de no cerrar sus negocios

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha alertado de que el 95% de los trabajadores por cuenta propia podría quedarse sin ayudas sociales (la moratoria hipotecaria, el rescate del pan de pensiones, el aplazamiento del alquiler o el bono social eléctrico, entre otras) si no cierra del todo su negocio.

Según ha explicado la organización, para poder acreditar su situación de vulnerabilidad y poder acceder alguna de las ayudas en materia social adoptadas por el Ejecutivo los autónomos tienen que presentar, «obligatoriamente», un certificado emitido por la Agencia Tributaria de cese de actividad.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado que la burocracia «está frenando que las ayudas lleguen a muchos autónomos».

«Están pidiendo un requisito como es la baja censal en la Agencia Tributaria, cuando el 95% de los autónomos están manteniendo el alta en la actividad», ha remarcado Amor, que ha dejado claro que es «un problema» y que espera que el Gobierno rectifique «cuanto antes».

Desde su punto de vista, el simple hecho de haber tenido aprobada la prestación extraordinaria por cese de actividad debería ser un requisito de vulnerabilidad para poder solicitar estas ayudas sociales.

Amor también ha avisado de que, aunque se han flexibilizado algunas condiciones, también se ve que en las líneas ICO hay «atasco» y más de la mitad de las solicitudes «no están llegando».

Por ello, ha instado al Gobierno a que impulse «cuanto antes» una mesa intersectorial, como ofreció ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque es «necesario dialogar», ya que «no puede ser que las ayudas estén llegando tarde en muchos casos por temas burocráticos cuando hay una necesidad tremenda de que lleguen en estos momentos».

ATA ha remarcado que para acreditar la situación de vulnerabilidad a los autónomos se les obliga a cerrar el negocio y certificarlo ante Hacienda, por lo que no pueden ser beneficiarios de la prestación extraordinaria de cese de actividad, porque deben continuar estando de alta en la Seguridad Social para demandarla.

En esta línea, la diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos María Muñoz Vidal ha registrado una pregunta al Gobierno en el Congreso respecto a esta situación y ha señalado que existe «una falta de claridad, que genera inseguridad jurídica y que puede dificultar el acceso de los autónomos a las diferentes ayudas, aumentando el riesgo de que se vean forzados a cerrar».

Por ello, pregunta al Gobierno si considera que este requisito de cese de actividad resulta congruente con la finalidad perseguida por este tipo de ayudas sociales y si cree que tiene sentido que se exija certificar el cese de actividad para el acceso a una ayuda social «cuyo fin precisamente debería ser contribuir al mantenimiento de dicha actividad». También cuestiona si el Ejecutivo contempla emitir algún tipo de aclaración al respecto.

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