Tras meses de negociaciones en el seno del Ejecutivo, el Ministerio de Igualdad está satisfecho con el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, aunque por el camino se han quedado fuera medidas destacadas, como la reducción del IVA de compresas y tampones, y finalmente el permiso retribuido para embarazadas comenzará en la semana 39 de gestación y no en la 36, como quería el departamento de Irene Montero en un principio. Y es que este proyecto sale a la luz tras meses de negociaciones con otros Departamentos del Ejecutivo.
«Es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es un medidor de la calidad democrática de un país», ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra Irene Montero, que ha detallado que el conjunto de medidas de esta ley tiene un presupuesto de 104 millones de euros (de los que 57 millones serán para las bajas el permiso preparto; 23,8 millones para las bajas menstruales; y 300.000 para la dispensa en institutos y centros penitenciarios de productos de anticonceptivos). «Estamos haciendo una ley para garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y que puedan desarrollar sus proyectos de vida con total libertad», ha añadido.
«Avanzamos en feminismo», ha destacado en su cuenta de Twitter el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido que «las mujeres deben poder decidir libremente sobre sus vidas».
Finalmente así quedan los derechos que reconoce esta ley para las mujeres y los cambios respecto a la ley anterior:
Libertad de decisión para las mujeres de 16 y 17 años sin necesidad de permiso
Con esta ley, las mujeres de entre 16 y 17 años y con discapacidad podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso y las mujeres que se sometan a un aborto tendrán derecho a una baja incapacitante, al tiempo que se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en los casos de interrupción del embarazo.
Aborto garantizado en sanidad pública
La nueva ley garantizará el aborto en la Sanidad Pública por la vía de urgencia y pone especial énfasis en la cercanía del domicilio de las mujeres con el objetivo de acabar con los desplazamientos a cientos de kilómetros que cada año realizan cientos de mujeres para interrumpir su embarazo, muchas veces para acabar en clínicas privadas ante la negativa de los hospitales a los que acuden. Además, las mujeres podrán elegir entre el aborto quirúrgico y el farmacológico, que deberán estar disponibles ambos en todos los centros.
En España, de las 88.269 interrupciones voluntarias del embarazo notificadas en 2020, últimos datos disponibles, el 84,5% fueron realizadas en centros privados. Doce provincias no han notificado ningún aborto en los últimos cinco años, ni en clínicas privadas.
Registro de objetores: el que lo es en la pública lo es también en la privada
En esta línea, la ley garantizará la objeción de conciencia como un derecho individual y será regulada del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre haya personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En este sentido, la norma deja claro que quien se declare objetor, lo será tanto en la sanidad pública como en la privada.
Se eliminan los tres días de reflexión obligatorios
El anteproyecto del Gobierno elimina los tres días de reflexión hasta ahora obligatorios y la entrega de información sobre las alternativas y ayudas en el caso de seguir adelante con el embarazo, a no ser que la mujer lo solicite.
Distribución gratuita de la píldora y métodos de anticoncepción masculina
La ley contempla la distribución gratuita de la píldora del día después en los centros de salud, así como en los servicios de salud sexual y reproductiva. Actualmente, este anticonceptivo de emergencia se puede comprar sin receta en las farmacias a un precio de alrededor de 20 euros, aunque algunas comunidades ya prescriben de forma gratuita en los centros de salud. Con esta ley, la píldora deberá estar disponible en todas las farmacias.
También se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, para que ésta no sea sólo una responsabilidad de las mujeres.
Bajas por reglas incapacitantes y permiso por embarazo
En cuanto a la salud menstrual, por primera vez una ley le dedica un apartado con medidas como una baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes que será financiada 100% por el Estado.
En los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales, organismos públicos, etc, se repartirán gratuitamente productos como tampones, compresas o copas menstruales con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.
En cuanto a la maternidad, se fomentarán las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto y se incorporará la baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.
Además, el texto establece que se fomentarán las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto.
Educación sexual obligatoria
El Gobierno pone el foco en la educación sexual y establece su obligatoriedad en las principales etapas educativas. Para ello, se formará en educación sexual y menstrual a profesores y también a funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.
“Servirá para conocer mejor nuestros cuerpos y tener relaciones basadas en buenos tratos y libres de violencias, para legitimar y cuidar la diversidad de género”, entre otras cuestiones como conocer mejor los métodos anticonceptivos o combatir violencias machistas que “están aumentando” como “la retirada no consentida del preservativo”, ha explicado la ministra. Montero ha advertido de que el aprendizaje sobre la sexualidad se dá y ha considerado conveniente que sea “a través del acceso temprano” en la educación: “El acceso al porno violento está de media en los ocho años”.
En el ámbito escolar, la ley contempla el reparto de forma gratuita de métodos barrera de anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual (algo que también se hará en centros sociales y penitenciarios). Se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica.
Los ‘vientres de alquiler’ y esterilización forzosa: violencia contra las mujeres
La ley establece medidas para la prevención y respuesta del Estado a algunas manifestaciones de la violencia contra las mujeres relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, reconoce la gestación por substitución (los conocidos como vientres de alquiler) como una forma de violencia contra las mujeres y se prohibe la publicidad de las agencias que ofertan estos servicios en el extranjero.
También, la esterilización forzosa que todavía se hace en determinadas ocasiones a mujeres con discapacidad. Igualmente, contempla como violencia contra las mujeres el embarazo y el aborto forzoso.
La ley, ha explicado Montero, supone una modificación de la que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, que ya tenía “unos pilares muy sólidos”, tras los “retrocesos” que supuso la reforma del Ejecutivo posterior de Mariano Rajoy. En este sentido, ha hecho un “reconocimiento” a la exministra de Igualdad Bibiana Aído pese a que fue “muy injustamente tratada” y a la “valentía e inteligencia” del expresidente Zapatero.
“Nadie duda en nuestro país que prohibir o limitar el derecho al aborto nunca ha servido para reducirlo, solo para generar más inseguridad, sufrimiento y pobreza para las mujeres, especialmente para las mas vulnerables”, ha zanjado Montero.
Irene Montero confirma que las bajas por reglas dolorosas “no tendrán un límite de días”
