El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de esta normativa que cambiará la forma de financiarse para la adquisición de viviendas.

Vientos de cambios en el sector de la vivienda. El Gobierno ha aprobado, en Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario. Una norma que establece que los bancos no podrán determinar el vencimiento anticipado de una hipoteca hasta que el impago por parte del consumidor suponga el 2 por ciento del préstamo, incluidos los intereses, o alcance nueve cuotas durante la primera mitad del contrato.

En cuanto a la segunda mitad del contrato, el límite se establece en el 4 por ciento del préstamo o doce mensualidades. De esta forma, el Gobierno establece un umbral a partir del cual el banco puede decretar el vencimiento anticipado de un préstamo y ejecutar la hipoteca, ya que con el sistema actual es posible vencer anticipadamente el préstamo a partir del tercer mes de impago.

Según ha informado el Ministerio de Economía, la norma cuenta con un «amplio consenso político» y a partir de ahora se inicia el trámite parlamentario para su aprobación. Se debe tomar en consideración que esta norma debía haberse aprobado antes de marzo de 2016, según lo establecido por las autoridades europeas, pero se ha retrasado por la situación del Gobierno en funciones del año pasado y por las tensiones con Cataluña, ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El proyecto de la nueva ley hipotecaria establece, asimismo, que los intereses de demora serán, como máximo, tres veces el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en el que sean exigibles y se aplicarán sobre el principal pendiente de pago.

Además, el proyecto de ley pretende facilitar la conversión del préstamo hipotecario en divisa extranjera a otra moneda, así como el cambio de préstamo hipotecario con interés variable a fijo. En este último caso, la comisión máxima de reembolso anticipado para una novación o cambio de entidad en la que se pacte un tipo fijo será del 0,25 por ciento en los tres primeros años y a partir de entonces desaparecerá.

En el caso de hipotecas a tipo variable, la comisión por reembolso anticipado será de cero a partir del quinto o el tercer año de vigencia del contrario, en función de lo pactado. En el caso de que sea cinco años, el límite será del 0,25 por ciento del capital desembolsado anticipadamente, mientras que, si se pactan tres años, se limitará al 0,5 por ciento.

En cuanto a los préstamos a tipo fijo, la comisión por reembolso anticipado será de un 4 por ciento como máximo en los diez primeros años y del 3 por ciento a partir de entonces. Así, se considera que el riesgo es mayor para el banco en el caso de un préstamo a tipo fijo que en el de uno variable.

El porcentaje de comisión por reembolso anticipado siempre se aplicará sobre el capital amortizado, según explicaron fuentes del Ministerio en el momento de presentación del anteproyecto de ley y matizaron que, en todo caso, la compensación a la entidad no podrá ser superior a su pérdida financiera.

Por otra parte, la norma incluye la posibilidad a ambas partes de adherirse de forma voluntaria a un contrato tipo en el que se establezcan las cláusulas fundamentales del contrato. Esta reforma se aplica a todas las personas físicas, es decir, están incluidas las que realicen actividades empresariales, como los autónomos.

La nueva norma exigirá que los intervinientes en la concesión de un crédito hipotecario cuenten con una profesionalización y una capacitación para ofrecer toda la información requerida al consumidor y evaluar su situación de solvencia, al tiempo que prohibirá a los bancos ofrecer incentivos a sus trabajadores por la concesión de un determinado número de contratos.

Así, «se busca la solvencia del deudor y que sea más la calidad que la cantidad de hipotecas vendidas», ha explicado el ministro, en referencia a los «problemas» de hace 15 años con la concesión de hipotecas, muchas de las cuales «acabaron en una situación de desahucio».

Prohibidas las ventas vinculadas

Por otra parte, se prohíbe ofrecer la venta vinculada de productos con las hipotecas, como en el caso de seguros del hogar, salvo excepciones autorizadas por el Banco de España o si se prueba que benefician al consumidor. Es decir, no están permitidas las operaciones en las que solamente es posible contratar el préstamo hipotecario si se hace conjuntamente con una serie de productos.

Sin embargo, sí están permitidas las ventas combinadas, que son aquellas en las que el consumidor tiene la opción de contratar por separado el préstamo hipotecario o con un conjunto de productos. En este caso, la entidad está obligada a presentar dos presupuestos, uno que incluya los productos que se comercializan con la hipoteca y otro sin ellos.

Además, a la hora de firmar un préstamo hipotecario, el consumidor deberá recibir con siete días naturales de antelación respecto a la fecha de firma del contrato por parte del banco no solamente una ficha de información normalizada con las principales características del contrato, sino también otra estandarizada con advertencias en la que se incluyen cláusulas sensibles, como las cláusulas suelo.

Esta ficha deberá incluir estimaciones con diversos escenarios de tipos de interés variables, una copia del contrato e información desglosada sobre qué parte debe abonar cada gasto hipotecario. La norma no establece a quién corresponde cada gasto, sino que deberán ser ambas partes las que lo acuerden.