El Gobierno limitará la subida de los precios del alquiler a un 2% hasta el próximo 30 de junio como parte del paquete de medidas del Plan de Respuesta a la Guerra, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechando el foro ‘Generación de oportunidades’, celebrado en El Beatriz Auditórium. Una propuesta que ya se aplicó durante la fase álgida de la pandemia de Covid-19 para los más vulnerables y que se vuelve a recuperar ahora para la generalidad de la población.

Combatir las consecuencias de la guerra, como la desmesurada inflación que amenaza con disparar los contratos por las considerables actualizaciones por ley que incluyen algunas de sus cláusulas en caso de subida del Índice de Precios al Consumo, es uno de los objetivos de una hoja de ruta de acción que se aprobará con brevedad en el Congreso de los Diputados.

Un ahorro de casi 40 euros mensuales

Una medida que ha sido tomada a dos aguas. Por un lado, contenta a la ciudadanía, ahogada por el alto IPC, situado en el 7,6% en febrero y que llegarán a las dos cifras por primera vez en muchos años, lo que ha producido aumento un aumento del alquiler mensual para los inquilinos en 53 euros de media. Por otro, colma parcialmente las reclamaciones de sus socios gubernamentales, Unidas Podemos, que reclamaba que se congelaran del todo, sin opción a subidas.

Por tanto, a partir del próximo 1 de abril, a pesar de que las previsiones de subida inmediatas del IPC se sitúen sobre el 8,6% según el centro de análisis económico Funcas, la limitación impuesta al 2% del crecimiento del alquiler dejará la subida en unos 14 euros al mes, es decir, unos 168 euros anuales. Concretamente 40 euros de ahorro mensuales.

Solo para los grandes tenedores

La medida será obligatoria para aquellos que posean más de diez viviendas. Los denominados grandes tenedores. Por el contrario, para aquellos con diez o menos entre sus propiedades no será un imperativo, si no que habrá opción de negociar entre arrendatario y arrendador una cifra superior o inferior a ese tope, pero con ese telón de fondo del 2% impuesto en caso de que no se produzca acuerdo. Aunque se prevé difícil que estando estipulado por ley el inquilino acepte una subida superior al 2%.

Un “varapalo” para los arrendadores

«A falta de conocer la letra pequeña de la medida, el anuncio supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone”, denuncia en un comunicado el portavoz de ‘Idealista’, Francisco Iñareta.

De hecho, avisa, “el efecto que puede lograr puede ser justo el inverso al deseado”. Para ello recuerda lo acontecido en Cataluña, donde ha resurgido el alquiler tras la anulación de limitar los precios. «Ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas como la retirada de producto del mercado, la subida de los precios y la dificultad al acceso para las personas que buscan una vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables».

Desde otro portal especialista en la compra-venta y alquileres de vivienda, ‘Fotocasa’, valoran positivamente la medida: «El Gobierno debe proteger de las subidas de precios tanto a inquilinos como a propietarios estableciendo medidas anti-crisis para ambos”. Sin embargo, creen que el arrendatario también sale perjudicado, aparte de los mencionados incrementos de los precios hasta ese límite, reduce la oferta disponible de viviendas para arrendar.

En ello también coincide la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) que advierte que “con la aprobación de esta medida, se carga a los propietarios de vivienda en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Esto se suma al actual marco regulatorio, que presiona al propietario, lo que redundará en una reducción de la oferta”.

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