El Consejo de Ministros aprueba este martes la primera Ley de Vivienda de la democracia.
Una ley que permite a las comunidades autónomas limitar los precios en las zonas más tensionadas a empresas e instituciones propietarias de más de diez viviendas.
Nacho Calzada, jefe de Economía de Telemadrid, explica en Buenos Días Madrid, como afecta la nueva normativa a caseros e inquilinos. Los propietarios tienen que tener en cuenta varias cosas. Lo primero que pueden tener bonificaciones fiscales si se baja el alquiler.
El Gobierno prevé bonificaciones de hasta el 90% en el IRPF para los pequeños propietarios, pero los grandes tenedores tienen que tener cuidado porque las viviendas vacías pueden tener un recargo en el IBI de más del 150%.
Desahucios más difíciles
Limitar los precios del alquiler es la medida estrella de la Ley. Depende de las comunidades autónomas el aplicar las llamadas ‘zonas tensionadas’ donde puede haber congelaciones e incluso obligar a bajar precios a los grandes tenedores.
Los inquilinos tienen que tener en cuenta que la limitación de precios les afecta, pero va a haber más protección contra los desahucios y si el inquilino no tiene ‘una solución habitacional’ no se le va a poder desahuciar.
El Gobierno quiere también ampliar los contratos, que pase de cinco a siete años e incluso a diez años. En las ‘zonas tensionadas’ un inquilino podría estar hasta trece años en la vivienda.
Dirigido a los jóvenes está el bono joven de 250 euros para ayudar al alquiler. La limitación de precios es que no se van a poder subir los alquileres en esas zonas tensionadas o se podrán congelar.
También se abre una puerta a que los propietarios puedan subir los precios en zonas tensionadas si se hacen obras de mejora en la vivienda o si se hacen contratos largos de diez años. En ese caso sí podrían los propietarios subir los alquileres.
