El proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar el precio del alquiler, ha recibido este miércoles su aprobación definitiva en el Senado tras un debate marcado por la cercanía de las elecciones del 28 de mayo.
La ley de vivienda, que ha tardado más de tres años en ver la luz, ha salido adelante en la cámara alta sin modificaciones en el texto que llegó del Congreso y con los votos a favor del PSOE, ERC, EH Bildu y partidos de la Izquierda Confederal (134 votos a favor, 117 en contra y una abstención).
En contra han votado, entre otros, el PP, PNV, Junts, Ciudadanos, Vox y UPN, que han sostenido que la nueva norma invade competencias, genera inseguridad jurídica, no va a bajar los precios del alquiler, permite la ocupación ilegal, desincentiva la puesta en arrendamiento de viviendas y supone injerencias en la propiedad privada.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha hecho hincapié en que esta ley «no va contra nadie» y ha ofrecido «colaboración» a promotores inmobiliarios y propietarios privados. «Cerramos un camino que ha sido largo y difícil, de intenso trabajo realizado en diálogo permanente con los representantes de los sectores afectados y con el mundo académico y profesional», ha celebrado.
Así, ha defendido que esta ley es «sólida jurídicamente» y toma «lo mejor» de las regulaciones que se han puesto en marcha en otros países, mientras que la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha comprometido a hacerla cumplir «hasta la última coma».
«Gracias a quienes habéis empujado para que la gente de nuestro país cada vez tenga más garantizado su derecho a la vivienda. Ahora toca seguir trabajando para que la ley se cumpla en cada territorio de nuestro país. Se puede», ha escrito Belarra en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que con estas medidas «la vivienda deja de ser un bien de lujo y se convierte en un derecho». «Política útil para la mayoría», ha añadido.
Las claves de la ley que debes conocer
Entre otras medidas, la ley de Vivienda impondrá nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permitirá rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de 10 a cinco inmuebles en determinados casos e impedirá a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.
En concreto, la norma mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.
En materia fiscal, se establece una mejora de la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual.
También se introduce una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años, y siempre que el propietario tenga un mínimo de cuatro viviendas en dicha situación, salvo causas justificadas de desocupación temporal.
Asimismo, se establece una modulación del recargo actualmente situado en el 50% de la cuota líquida del IBI que podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.
Por otro lado, se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo. Se trata de otorgar beneficios de carácter fiscal o urbanísticos a cambio de que las viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones), se destinen al alquiler a precios reducidos para aquellas personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado.
