El Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la nueva ley de universidades que topa los precios públicos, reconoce el paro académico, limita la proporción de profesores con contratos temporales y aspira a un 1% del PIB en inversión de aquí hasta el 2030.
La reforma ha salido adelante tras tres años de negociación en los que la propuesta inicial del ministro de Universidades, Manuel Castells, se ha ido matizando. El texto final, con la firma de Joan Subirats, ha logrado 182 votos a favor (PSOE, PNV, ERC y Unidas Podemos), 157 en contra (PP, Ciudadanos y Vox) y ocho abstenciones (Bildu, BNG y Junts). Estas son las claves de una norma que pretende también reducir la precariedad del profesorado.
Más inversión, precios topados y contratos temporales limitados
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) plantea un objetivo de inversión del 1% del PIB de aquí al 2030, cuando actualmente ronda el 0,7% de media. El aumento se alinea con el 5% del PIB para gastar en el conjunto de la educación que se definió en la conocida como ley Celáa (Lomloe) y llega tras una década en que las universidades se han visto afectadas por las políticas de austeridad derivadas de la crisis de 2008.
Pero no es la única medida económica. La reforma pone un tope a los precios de las tasas universitarias que ahora sólo podrán mantenerse o reducirse, y limita al 8% los contratos temporales para profesores, cuando de media hoy se alcanza el 40%. Las alrededor de 25.000 plazas temporales de profesores asociados se convertirán en indefinidas, con el objetivo de evitar el abuso de estas figuras que suponían una mayor precariedad.
Paro académico y condiciones a los colegios mayores privados
Además, el estudiante tendrá por primera vez derecho al paro académico, con lo que no se arriesga a ser penalizado por no asistir a clase o a un examen por ese motivo. En adelante, la participación del estudiantado en el claustro alcanza un mínimo del 25%, mientras se garantiza una representación del 51% para el personal docente e investigador en este órgano, el más importante para la participación de la comunidad universitaria.
Finalmente, los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no podrán adscribirse a una universidad pública. Aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse.
Carreras académicas más cortas y predecibles
Por otro lado, se plantea una carrera académica más predecible, corta y estable, con tres etapas: acceso, estabilización y promoción. Desde el inicio los estudios de doctorado hasta la estabilización, pasarán diez años.
El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años, eliminando la acreditación para esta figura y accediendo por concurso público. Tras esa primera etapa, se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o bien de Permanente Laboral, mediante la acreditación pertinente y un concurso público.
Para evitar la histórica endogamia del sistema, en todos los concursos públicos la universidad convocante estará en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo. Además, se crea una nueva figura de Profesorado Distinguido cuya función es captar personas de prestigio académico e investigador, tanto nacional como extranjero.
Acceso más fácil a la formación permanente
La LOSU aspira a democratizar la entrada a la formación permanente que ofrezcan las universidades a las personas que, aunque no posean ninguna titulación universitaria habilitante, puedan acreditar experiencia laboral o profesional con nivel competencial equivalente a la formación académica universitaria.
Asimismo, la formación a lo largo de la vida podrá desarrollarse mediante distintas modalidades de enseñanza, incluidas microcredenciales, micromódulos u otros programas de corta duración.
Mirando de nuevo al exterior, los estudiantes extranjeros no comunitarios no tendrán que renovar su permiso de residencia anualmente y los recién graduados podrán quedarse un año más sin tener que pedir una ampliación de la estancia en el país. De este modo, también se agilizan los visados por estudios para atraer talento.
Cambios en la gobernanza de las universidades
Por último, en cuanto a la gobernanza de las universidades, se establece un modelo con cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social.
Para ser rector, la LOSU solo plantea que deberán ser funcionarios, sin necesidad de que sean catedráticos. Por lo demás, hay que cumplir los requisitos de tener tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.
PP: la reforma «no sirve de nada y no resuelve» los problemas
De la ley, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha destacado el «talante inequívoco de diálogo y de consenso», al tiempo que ha destacado el aumento de la financiación. Esta recoge, en su opinión, «importantes baterías de medidas para que las universidades sean equitativas en su organización interna, garantizando la participación de todos sus miembros en su gobernanza, la igualdad entre mujeres y hombres, reduciendo la precariedad de las plantillas del profesorado y garantizando una carrera estable y predecible y con condiciones laborales dignas».
El PP, sin embargo, ha asegurado que el texto «no sirve de nada y no resuelve» problemas como el de la precariedad laboral. La diputada ‘popular’ María Jesús Moro ha sostenido que la promesa de financiación es en realidad un «yo invito y tú pagas», al tiempo que «ataca la neutralidad institucional» por lo que existe rechazo entre los rectores y presidentes autonómicos, también del PSOE.
En la bancada de los socios del Gobierno se han mostrado más satisfechos. En su turno de palabra, la diputada de ERC Marta Rosique ha destacado que su formación ha incorporado a la norma del Gobierno más de 130 enmiendas «que han mejorado sensiblemente el texto». Entre ellas ha mencionado el derecho al paro académico; que el estudiantado pueda compaginar estudios y trabajo; la equiparación de derechos y obligaciones del personal laboral y funcionarios; que los psicólogos migrantes puedan homologar sus títulos y que los claustros puedan «analizar y debatir» temas de actualidad.
