Las Comunidades Autónomas de Andalucía y de Madrid se muestran contrarias al anuncio del Gobierno de establecer topes de alquiler y defienden eliminar obstáculos burocráticos y bajar impuestos
El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha anunciado este jueves que, junto con Andalucía, ha acordado solicitar al Gobierno central que convoque la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, con el objetivo de que las comunidades autónomas «tengan voz» y participen de sus planes en materia de vivienda tras anunciar ayer que quieren topar el precio del alquiler.
Así lo ha avanzado David Pérez tras mantener un encuentro este mismo jueves con la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, en una rueda de prensa conjunta en la sede de la Consejería madrileña.
«Quiero anunciar que reclamamos la convocatoria urgente de la sectorial de vivienda para que podamos conocer de primera mano las políticas y planes de vivienda de un Gobierno que va a anunciando con cierta improvisación e indefinición, y queremos tener la seguridad jurídica de qué es lo que quiere hacer», ha expuesto.
Uno de los objetivos de la reunión ha sido aunar sinergias, establecer lazos de cooperación y compartir experiencias conjuntas, además de fomentar políticas que garanticen al ciudadano el acceso a la vivienda a un precio «asequible». Las dos administraciones han abordado, además, la necesidad de reforzar el marco de confianza y seguridad jurídica en la gestión con los principales agentes inmobiliarios y desarrollar políticas de transparencia dirigidas a los ciudadanos.
Asimismo, ambos han mostrado su oposición frontal al anuncio del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de limitar los precios del alquiler, medida que «ha demostrado ser un fracaso en grandes ciudades europeas».
En este sentido, Pérez ha asegurado que lucharán contra esta medida y evitará que se limiten los precios en el mercado del alquiler, ya que solo acarrearía «más fraude y un encarecimiento de los precios».
«EXCESIVA IDEOLOGIZACIÓN», LAMENTA PÉREZ
«Buscamos estar frente a ese intervencionismo; queremos más libertad frente a esa rigidez, más flexibilidad y apertura, más transparencia y agilidad en los trámites urbanísticos que permiten el acceso a la vivienda, eliminar obstáculos burocráticos y bajar impuestos», ha incidido, al tiempo que ha compartido su preocupación ante «unas políticas» con «una excesiva ideologización».
En este punto, ha apostado por un diálogo «constructivo, leal, razonable, respetuoso y prudente» con el Ministerio a raíz de estas medidas que «generan incertidumbre» a este sector. «Queremos más seguridad y no lo contrario que es lo que estamos viviendo por parte de este Gobierno», ha criticado.
Además, el titular de Vivienda en la Comunidad de Madrid ha avisado que «con la vivienda no se juega» y que, aunque primero serán «prudentes» y esperarán a que el Gobierno central defina qué es lo que quiere hacer, no descartan «explorar la vía constitucional» y llevar a cabo un recurso contencioso.
Pese a que la solicitud de convocatoria de la Conferencia Sectorial la haya hecho en conjunto con Andalucía, con la que tiene «mayor afinidad» en políticas «comunes» se han mostrado ambos consejeros abiertos a mantener encuentros con el resto de comunidades.
RECHAZO AL «INTERVENCIONISMO» DE SÁNCHEZ
Por su parte, la consejera andaluza ha rechazo también «el intevencionismo» de Sánchez «en los precios del alquiler, algo que provoca «efectos negativos» y es una decisión que debería adoptarla con el conjunto de las comunidades. «Un asunto tan sensible no deberíamos enterarnos de él por los medios de comunicación y por eso pedimos que haga esta convocatoria para tratar este asunto», ha apuntado.
A su juicio, poner topes al precio del alquiler va en detrimento de la libertad y ha criticado la decisión «tan precipitada» que tomó ayer Ábalos. «No se puede jugar así ni hacer esos anuncios en una materia tan sensible», le ha afeado la consejera.
Por último, ambos consejeros han puesto el foco en el aumento del precio de la vivienda, que afecta especialmente al alquiler, con precios previos a la crisis de 2007, así como a la «escasez» del suelo y la «rigidez» de la normativa que regula todo lo concerniente al proceso de construcción de vivienda.
A ello, le han sumado la «escasez e incentivos fiscales que faciliten a los ciudadanos el derecho básico de acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y mayores de 65 años».
