Suspensión cautelar

La Junta pide que se declare la inconstitucionalidad del tributo y su consiguiente nulidad, pero mientras se decide, solicita su suspensión cautelar para evitar «perjuicios irreparables».

En su argumentación, expone que se vulnera la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), tras una actuación del Estado que «prescinde absolutamente del procedimiento y de las garantías» constitucionales para alterar un tributo cedido.

El recurso argumenta que se crea «de manera artificiosa» un impuesto que coincide «en sus elementos esenciales» con el Impuesto de Patrimonio, por lo que «vuelve a ocupar un hecho imponible que ya tenía gravado» y lo diseña «de manera que se vacíen de contenido las competencias normativas» de quienes lo hayan bonificado.

Agravio comparativo

Además, «hace de peor condición» a las comunidades de régimen común respecto al País Vasco y Navarra, ya que con ellas se pactará en comisión mixta la adaptación al nuevo impuesto.

La Junta defiende que el impuesto a las grandes fortunas «supone en lo esencial un Impuesto sobre el Patrimonio bis» con el que el Estado «vuelve a ocupar un hecho imponible ya gravado por él mismo» con el Impuesto de Patrimonio.

Asimismo, «vacía y deja sin contenido» las competencias normativas atribuidas a la comunidad andaluza sobre el Impuesto de Patrimonio, por lo que «vulnera» su autonomía financiera y política al modificar «de manera fraudulenta» y sin seguir el procedimiento constitucional establecido para la cesión del referido impuesto.

Tramitación indebida

Respecto al segundo argumento principal, el de la tramitación parlamentaria, reseña que se ha tramitado indebidamente mediante una enmienda a una proposición de ley, lo que ha impedido que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas.

La Junta considera que se ha producido «fraude de ley» y que se utiliza el derecho de enmienda de los parlamentarios para «soslayar» el procedimiento establecido en el bloque de constitucionalidad «y conseguir tener cuarenta días más tarde neutralizadas y vacías de contenido las competencias normativas de las comunidades».

El gobierno andaluz está convencido de que el Estado, a través del Legislativo, «ha actuado de mala fe» en el procedimiento.

Mediante una enmienda

El procedimiento para su aprobación, con una «enmienda tardía» a una proposición de ley «que nada tiene que ver» con el sistema de financiación ni con «la aducida finalidad armonizadora», provoca que «se sustrae a las minorías parlamentarias la posibilidad de formular a su vez enmiendas al texto», según la Junta.

En este sentido, entiende que el procedimiento no sólo vulnera la Constitución, sino que constituye una conducta del legislador «en claro fraude de ley» que es «contraria a los principios de seguridad jurídica«, la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos y la lealtad constitucional.

También argumenta en el recurso la vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que el «imprevisible y no justificado cambio normativo» dejó «sin posibilidades reales de reacción a los ciudadanos destinatarios del impuesto».

«Una minoría privilegiada»

La ministra de Hacienda y Función Pública ha contestado que defender a Andalucía «no es defender a una minoría privilegiada». En declaraciones a los periodistas en Málaga, María Jesús Montero, ha acusado a la Junta de defender «al 0,2% de la población» con la supresión del impuesto de patrimonio, a los que «se les hace un regalo fiscal de 6.000 euros».

«Defender Andalucía es blindar los servicios públicos para que sean de calidad en la sanidad universal, en la educación pública, en la universidad pública, velando por la calidad para que no tengan mas oportunidades aquellos que tienen más recursos para pagar una carrera», ha declarado la ministra.

Montero ha insistido en que se debe pedir una mayor contribución «a aquellos que están teniendo más beneficios, ya sean las energéticas, la banca o las grandes fortunas». «Cuando ellos entienden que el Gobierno de España les pide una mayor aportación, se envuelven en la bandera de Andalucía, supuestamente para defender los intereses de esta tierra», ha añadido.

También ha recordado que el PP votó en contra del impuesto a las energéticas, a la banca, «que ha supuesto 3.000 millones de euros este año», y a las grandes fortunas.