El futuro de Abengoa se asoma al precipicio del concurso de acreedores.
Así lo ha hecho saber la empresa de ingeniería andaluza en un comunicado en el que confirma haber solicitado la declaración de este procedimiento legal al no conseguir que los acreedores financieros otorguen los consentimientos necesarios para extender de nuevo el plazo de cara al cierre y la ejecución del acuerdo de reestructuración.
En el comunicado la firma sevillana considera que «que esta medida es la más adecuada para salvaguardar los intereses de la Sociedad y de todos los acreedores».
El consejo de administración de la empresa -integrado en la actualidad por solo dos consejeros, Juan Pablo López-Bravo como presidente y Margarida de la Riva Smith- ha señalado que cada vez existen «mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas».
Un rescate sin aval
El plazo de cierre de la operación se ha ido extendiendo hasta el pasado 19 de febrero, al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios al efecto, a la vez que la firma ha trabajado, en todo momento y en paralelo, en la búsqueda de posibles opciones distintas.
Aunque en agosto de 2020 los acreedores accedieron a inyectar 230 millones de euros a cambio de la toma de control de gran parte de los activos, quedaban en el aire 20 millones que la Junta de Andalucía se negó a poner alegando que carecía de «mecanismos jurídicos» para realizar esa aportación.
Sin esa contribución, el Ministerio de Economía no autorizó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a la Compañía de Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a avalar el rescate.
No obstante, el consejo de administración de la compañía ha subrayado su compromiso por «buscar alternativas» que eviten la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor.
Para dicho objetivo, Abengoa ha solicitado «a todos aquellos que tienen interés en la sociedad y su grupo la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos».
El secretario general del mayoritario UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, se ha mostrado confiado en que la declaración de concurso de acreedores de Abengoa “se gestione bien”, ya que “si se hacen las cosas bien nadie tiene que ir a la calle”.
Con anterioridad había expresado su temor de que el futuro de Abengoa quedará en manos de un juez mercantil y, con ello, diera al traste el plan de viabilidad para salvar la empresa, al tiempo que censó que las trabas actuales procedieran de los accionistas minoritarios.
Un final predecible
Abengoa ya se vio en 2015 al borde de la quiebra y anunció un preconcurso de acreedores, que de haber pasado a concurso le habría llevado a protagonizar la mayor quiebra en la historia de España, con 9.000 millones de deuda bruta financiera y deudas a proveedores superiores a los 5.000 millones.
En octubre de 2016, dos días antes de que cumpliera la prórroga del preconcurso, logró las adhesiones suficientes al acuerdo de reestructuración, que preveía la inyección de 1.170 millones de euros.
Los accionistas de entonces vieron diluida su participación al 5 %, mientras que los acreedores y nuevos financiadores se quedaron con el 95 % restante. La presencia de los Benjumea y otras familias históricas quedó en alrededor del 1,5 %.
La antigua Abengoa facturaba anualmente unos 7.000 millones y empleaba a 32.000 personas, pero tras vender activos, reducir estructura y volver a centrarse en el negocio de construcción e ingeniería, «tan solo» mueve 1.500 millones y cuenta con unos 14.000 trabajadores.
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