Diputados del partido italiano gubernamental de la Liga han presentado un proyecto de ley que prevé ayudas de hasta 20.000 euros para las parejas menores de 35 años que se casen, pero solo por el rito católico, ante el crecimiento de los matrimonios unidos civilmente.
El proyecto de ley fue depositado por cinco diputados de la Liga cuando se abrió la legislatura el pasado 13 de octubre, pero su contenido ha salido a la luz este lunes en medios de comunicación y prevé una reducción de impuestos de hasta 20.000 euros «para gastos documentados relacionados con la celebración de una boda religiosa como invitaciones, decoración floral, ropa de los novios, servicio de ‘catering’, de peluquería y de fotografía».
La ayuda prevista en el proyecto de ley, que para entrar en vigor deberá ser aprobado en el Parlamento, consiste en «una deducción del impuesto bruto por importe del 20% de los gastos, hasta un total de 20.000 euros»; según la ley, «el gasto para el Estado se cuantifica en 120 millones para 2023, 90 millones para 2024 y 85 millones para 2025».
El proyecto de ley analiza las cifras de matrimonios civiles, que, «pese a haber sufrido una importante caída en los primeros meses de 2020, habían mostrado una variación negativa más contenida en comparación con los matrimonios religiosos en medio de la pandemia».
Según los relatores del proyecto de ley, «las razones que alejan a las parejas jóvenes del altar y que las llevan a plantearse única y exclusivamente el matrimonio civil son muchas y de diversa índole. En primer lugar, el matrimonio civil es en sí mismo una celebración menos onerosa que el matrimonio religioso».
Por lo tanto, aseguran, «la elección no estaría ligada únicamente a la fe de los esposos, al reconocimiento mutuo y la pertenencia a la Iglesia católica, sino al problema de los gastos de una ceremonia religiosa».
Menos de 35 años e ingresos no superiores a los 23.000 euros
Para beneficiarse de la ayuda a través del sistema de deducción fiscal, se prevén algunas condiciones esenciales: «los novios deben tener menos de 35 años, deben haber declarado ingresos no superiores a 23.000 euros, deben tener ciudadanía italiana durante al menos diez años y casarse en Italia y por la Iglesia».
Los partidos de la oposición han rechazado totalmente este tipo de ayuda calificándola de «inconstitucional». «Más allá de la probable inconstitucionalidad, se confirma que la Liga de Salvini está literalmente fuera de control» ha publicado en Twitter el líder de Acción, Carlo Calenda.
«Un beneficio reservado para hombres y mujeres italianos durante al menos diez años, que han elegido el matrimonio religioso, obviamente heterosexual. Una perla del analfabetismo constitucional, mejor que el mismísimo impuesto fascista al celibato», ha observado Benedetto Della Vedova, secretario de +Europa.
Mientras que Enrico Borghi, del Partido Demócrata (PD), ha ironizado con revelarle a la Liga Norte «un secreto que me enseñó un sacerdote: el Estado es laico».
Tras conocerse la noticia, la Liga ha asegurado que el proyecto de ley «tenía como objetivo incentivar el sector de las bodas, que, por razones de costos, preveía una bonificación destinada únicamente a las bodas religiosas», ha declarado el diputado Domenico Furgiuele, primer firmante del proyecto de ley. Furgiuele ha asegurado que «durante el debate parlamentario se extenderá a todas las bodas, independientemente de que se celebren en la iglesia o no».
El Vaticano rechaza la medida
El presidente de la Academia Pontificia para la Vida, al arzobispo Vincenzo Paglia, se ha mostrado contrario a la propuesta del Gobierno de Italia y ha asegurado que el matrimonio para la Iglesia «es un sacramento» y que, por lo tanto, «no se puede comprar».
«El matrimonio cristiano es una elección de amor para formar una familia, una elección de fe, libre. El matrimonio para la Iglesia es un sacramento y un sacramento no se puede comprar», ha asegurado Paglia sobre la iniciativa propuesta por el partido ultraderechista Liga de Matteo Salvini, que forma parte del Ejecutivo de Giorgia Meloni.
Así, ha asegurado que el Estado tiene que estar «comprometido con el apoyo a las familias» sobre todo, en los momentos «más difíciles» como la actual crisis energética actual, derivada de una escasez global de combustibles por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el responsable del organismo del Vaticano que se ocupa de analizar los principales problemas de bioética y derecho, relativos a la promoción y a la defensa de la vida, sobre todo en la relación directa que estos tienen con la moral cristiana y las directivas del Magisterio de la Iglesia, ha asegurado que esa ayuda «debería concernir a todos los ciudadanos».
