Bruselas investigará a Apple por presuntos abusos realizados a través de su tienda App Store y su servicio de pagos Apple Pay
La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de dos investigaciones en profundidad sobre Apple para evaluar posibles restricciones ilegales a la competencia a través de su tienda App Store, en primer lugar, y de su servicio de pagos Apple Pay, en segundo lugar, según ha informado en un comunicado.
En el primer caso, el Ejecutivo comunitario analizará si la empresa viola las reglas europeas al obligar a los desarrolladores a usar su sistema de compras de aplicaciones (IAP) para la distribución de contenido digital de pago. La empresa de Cupertino cobra una comisión del 30% a los desarrolladores por todas las tasas de suscripción.
Además, examinará las restricciones que impone a los mismos desarrolladores para informar a sus clientes sobre posibilidades alternativas de compra. Apple permite a sus usuarios consumir contenidos comprados fuera de su ‘app’, pero impide a los desarrolladores informar a los usuarios de estas opciones, que «normalmente son más baratas».
Bruselas ha iniciado esta investigación tras varias quejas trasladadas a sus servicios de Competencia por parte de Spotify y de un distribuidor de libros electrónicos y audiolibros que el Ejecutivo comunitario no ha identificado.
La segunda investigación pretende determinar si la tecnológica viola las normas europeas de Competencia en los términos y condiciones que exige a vendedores de ‘apps’ que quieren integrar Apple Pay en sus sistemas de pago. En este marco, analizará también el hecho de que Apple Pay sea la única herramienta de pago que puede utilizar la tecnología ‘tap and go’ en los dispositivos móviles de la compañía.
«Es importante que las medidas de Apple no nieguen a los consumidores los beneficios que suponen nuevas tecnologías de pago, incluidos una mayor libertad de elección, calidad, innovación y precios competitivos», ha resumido la danesa.
Bruselas ha informado de que examinará ambos casos «como cuestión de prioridad», aunque ha advertido también de que la apertura de las investigaciones «no prejuzga el resultado final de las mismas».
Asimismo, la Comisión ha recordado que no existe una fecha límite legal para resolver ambos asuntos y que la duración depende de factores como la complejidad del caso y el grado de colaboración que asuman las empresas involucradas.
