La Comisión Europea ha interpuesto una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) este jueves, debido a que el país no ha aprobado a tiempo el impuesto mínimo global del 15% para grandes empresas y multinacionales, una medida establecida en la normativa comunitaria tras un acuerdo entre los países del G20 en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Además de España, Polonia, Portugal y Chipre han sido también señalados por Bruselas por no cumplir con el plazo establecido para implementar el gravamen, que debía haber sido aprobado antes de finalizar 2023. La Comisión Europea ha emitido un comunicado en el que expresa su preocupación por el retraso en la adopción de esta normativa fiscal, que busca asegurar una tributación justa entre las corporaciones.
España avanza, pero aún está en trámite parlamentario
El Gobierno español ya había tomado medidas en 2022, al establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, aplicable a la base imponible. No obstante, la normativa de la Unión Europea requiere que este gravamen se imponga sobre el resultado neto contable ajustado para las empresas con un volumen de negocio combinado de al menos 750 millones de euros anuales.
En junio de 2023, el Consejo de Ministros de España aprobó el proyecto de ley para alinear la legislación nacional con las exigencias europeas. Sin embargo, dicha legislación aún debe completar su tramitación parlamentaria antes de ser adoptada formalmente. Cuando se apruebe, esta nueva ley complementará el impuesto del 2022.
Advertencias previas de la Comisión Europea
Bruselas ha recordado que la mayoría de los Estados miembros de la UE han cumplido con estas obligaciones fiscales. La Comisión ya había enviado una advertencia inicial en mayo a los países denunciados, instándolos a acelerar el proceso de adopción de la normativa.
A pesar de los esfuerzos significativos que España y los otros países están realizando para finalizar su legislación, la Comisión Europea ha decidido elevar el caso al TJUE como tercer paso en los procedimientos de infracción.
La Comisión Europea argumenta que este acuerdo de la OCDE es clave para frenar la «carrera a la baja» en los tipos impositivos de las empresas y evitar la erosión de la base imponible, así como el traslado de beneficios a países con menores cargas fiscales.
