La Comisión Europea y las autoridades de protección del consumidor reclaman que se tomen medidas correctivas para proteger a los usuarios.

La Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores de la UE instan a Airbnb a que adapte sus cláusulas y condiciones a la normativa de protección de los consumidores de la UE y sea transparente en su presentación de los precios.

Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado que “cada vez son más los consumidores que reservan su alojamiento de vacaciones en línea y este sector ha ofrecido numerosas nuevas oportunidades a los turistas. Sin embargo, su popularidad no puede servir de excusa para no cumplir con la normativa de protección de los consumidores de la Unión Europea”.

“Los consumidores deben poder comprender fácilmente por qué y cuánto han de pagar por los servicios contratados y contar con unas normas justas, por ejemplo, en caso de anulación del alojamiento por el propietario. Espero que Airbnb dé curso a este asunto con celeridad aplicando soluciones adecuadas”, agrega.

La presentación actual de los precios de Airbnb y algunas de sus condiciones no cumplen la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos, así como el Reglamento relativo a la competencia judicial en materia civil y mercantil.

Por lo tanto, las autoridades europeas de protección de los consumidores y la Comisión han exigido a Airbnb una serie de cambios. La empresa tiene de plazo hasta el final de agosto para presentar sus propuestas. Una vez que Airbnb haya propuesto soluciones para rectificar la situación, la Comisión y las autoridades de protección de los consumidores de la UE examinarán los cambios propuestos. Si no se consideran satisfactorios, Airbnb podría ser sometida a medidas ejecutivas.

Prácticas comerciales abusivas

La presentación de precios de Airbnb, así como la distinción entre los anfitriones privados y profesionales, no cumple actualmente las exigencias de la legislación de la UE, en particular, la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.

Airbnb debe modificar la manera en que presenta la información sobre precios desde la búsqueda inicial en su sitio web, con el fin de garantizar que, cuando se ofrezca una vivienda, el consumidor sea informado del precio total, incluidos todos los gastos y suplementos obligatorios, como gastos de servicio y de limpieza, y que, cuando no sea posible calcular el precio final de antemano, se informe claramente a los consumidores de que pueden aplicarse suplementos adicionales; e indicar claramente si la oferta procede de un anfitrión privado o de uno profesional, ya que las normas de protección de los consumidores son diferentes según el caso.

Con respecto a Airbnb, esto significa, por ejemplo, que la empresa no debe inducir a error a los consumidores acudiendo a una jurisdicción en un país diferente de su Estado miembro de residencia; ni puede decidir unilateralmente y sin justificación qué condiciones podrán seguir en vigor en caso de terminación de un contrato.

En la misma línea, Airbnb no puede privar a los consumidores de su derecho legal básico de demandar a un anfitrión en caso de daños personales u otros daños; así como tampoco puede modificar unilateralmente las cláusulas y condiciones, sin informar claramente a los consumidores anticipadamente y darles la posibilidad de rescindir el contrato. Finalmente, las condiciones de servicio no pueden otorgar poderes ilimitados y discrecionales a Airbnb sobre la supresión de contenidos.