Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ha dado a conocer el descontento del Gobierno de España ante la propuesta de la Comisión Europea para la transición ecológica

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha dicho este lunes que España no está de acuerdo con el reparto entre países que propone la Comisión Europea de los recursos del fondo de transición ecológica y que reserva para España apenas un 4% del dinero.

«España apoya de manera muy clara y decidida el fondo verde de transición justa pero estamos un poquito preocupados porque lo vemos muy verde pero no muy justo», ha avisado González Laya en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas.

Aunque la cuestión del fondo no está en la agenda de los ministros, sí tienen previsto hablar de manera más general de la llamada «diplomacia climática» y en ese marco González Laya quiere trasladar a sus colegas que el fondo y su clave de reparto requiere una «atención particular».

La Comisión Europea ha previsto una clave de reparto para los 7.500 millones de euros del fondo para ayudar a las regiones en la transición ecológica que sitúa a España en octavo lugar como país receptor con 307 millones asignados, en una distribución que reserva las mayores partidas para Polonia (2.000 millones) y Alemania (877).

Por ello, la jefa de la diplomacia española ha insistido en que la transición ecológica deber ser también una «transición justa» y ha advertido de que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene «dudas» de que el método diseñado para repartir los fondos lo sea.

«Queremos asegurarnos de que será realmente justa, por ahora no lo vemos muy bien, vamos a seguir trabajando», ha remachado, sobre una propuesta que el Ejecutivo comunitario defiende que se apoya en datos estadísticos y criterios objetivos para calcular el coste de la transición para cada región.

UN EURO DEL FONDO POR CADA EURO Y MEDIO DE COHESIÓN

El llamado Fondo para la Transición Justa es uno de los pilares del mecanismo con el que la Unión Europea quiere movilizar al menos 100.000 millones de euros durante el período 2021-2027 para las regiones que tendrán que hacer los mayores sacrificios en el plano económico y social para reducir su huella contaminante.

La Unión Europea quiere cumplir con el desafío de ser el primer continente en eliminar sus emisiones de CO2, un objetivo que quieren alcanzar en el horizonte de 2050 y que los líderes de los Veintisiete trataron de sellar en una cumbre en diciembre, aunque no lograron que Polonia asumiera el compromiso nacional.

El primer beneficiario será a priori Polonia, que según la propuesta de Bruselas recibiría el máximo posible del fondo, 2.000 millones de euros, a pesar de haber sido el único país de la UE que no ha querido asumir compromisos nacionales para lograr reto de que eliminar las emisiones contaminantes de la UE en el horizonte de 2050.

Le siguen Alemania (877 millones), Rumanía (757 millones), República Checa (581 millones), Bulgaria (458 millones), Francia (402 millones), Italia (364 millones) y España, con 307 millones. Cierran la lista con las partidas más bajas Malta, con 8 millones, y Luxemburgo, con 4 millones.

Para beneficiarse de estos recursos, los gobiernos nacionales tendrán que presentar a Bruselas planes territoriales de transición específicos para identificar las regiones y sus necesidades y, además, comprometerse a aportar al menos un euro y medio con cargo al Fondo europeo de Desarrollo Regional y al Fondo Social Europeo Plus por cada euro recibido del fondo ‘verde’.

Con ello la Comisión Europea estima que se llegarán a captar entre 30.000 y 50.000 millones de euros de financiación que se redirigirán para ayudar a desarrollar modelos alternativos de las economías en las regiones más contaminantes y potenciar las inversiones en energías limpias.

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