La ejecución de avales del fondo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) podría ascender hasta 200.000 millones de euros

El Gobierno calcula que España asumirá pérdidas por 563,5 millones de euros por la ejecución de avales del fondo de hasta 200.000 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pretende movilizar en préstamos dirigidos a empresas afectadas por la crisis provocada por el virus Covid-19.

Así consta en la memoria de impacto presupuestario que acompaña al decreto ley de la llamada ‘nueva normalidad’, que es la norma que autorizó a la Administración General del Estado a otorgar avales por un importe máximo de 2.817,5 millones de euros.

Este montante vendría a cubrir costes y pérdidas en las operaciones de financiación que realice el BEI a través del Fondo Paneuropeo de Garantías, que prevé un fondo total de 25.000 millones de euros en garantías, programa con una vigencia prevista hasta el 31 de marzo de 2038.

Para ello, España asume un máximo de 2.817,5 millones de euros, una cantidad que se define por la cuota de capital de España en esta institución, un 11,27%, tal y como explica el Gobierno en la memoria del decreto, en la que informa de que el BEI estima en la descripción del fondo una pérdida esperada neta del 20%, lo que implica una ejecución estimada global de 563,5 millones de euros en el caso de España a lo largo de toda la vida del fondo.

En el informe económico, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno resalta en todo caso que se trata de una estimación, por lo que las ejecuciones finales podrían ser superiores o inferiores, si bien no se dispone de previsiones de ejecución anuales del programa.

EL BEI TAMBIÉN PUEDE CARGAR A LOS ESTADOS GASTOS OPERATIVOS

Por otro lado, el Ejecutivo también reconoce en esta memoria de impactos que el BEI también puede repercutir a los Estados miembros otros gastos diferentes a la ejecución de los avales, como costes operativos, de financiación, liquidez y de otro tipo que soporte el BEI como agente financiero.

Estos costes, no cuantificados previamente, sólo se repercutirán si los ingresos derivados del programa y de los que percibe el BEI de los créditos avalados de las entidades financieras no fueran suficientes para cubrir dichos gastos, estimándose en principio suficientes los ingresos para cubrir dichos costes, por lo que no se prevé que se vayan a imputar gastos durante la vida del programa de avales.

Para el caso de que no sean suficientes los ingresos del programa y el BEI requiera su pago, el Gobierno señala la necesidad de prever una partida presupuestaria a la que aplicar estos pagos a través de operaciones de tesorería, imputándose posteriormente al presupuesto.

Para la ejecución de los avales, el Ejecutivo contempla la posibilidad de realizar los pagos a través de operaciones de tesorería, como aquellos otorgados a la Sareb, el conocido como ‘banco malo’, o al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF).

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