El Consejo de Ministros de España ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de Ley que introduce modificaciones en las leyes tributarias aplicables al sector de las criptomonedas. Este cambio forma parte de la adaptación de las leyes nacionales a las nuevas directivas de la Unión Europea (UE), en particular, la normativa DAC8, la octava directiva sobre cooperación administrativa.
La nueva legislación obliga a los exchanges, proveedores de wallets, brókeres y otras empresas del sector a declarar los datos de sus clientes que realicen operaciones con criptomonedas situadas en el extranjero. Esta medida busca aumentar la transparencia y fortalecer el control tributario sobre los criptoactivos.
El anteproyecto contempla diversas modificaciones en la Ley General Tributaria (LGT) y en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, que son clave en la regulación del bitcoin (BTC) y otras criptomonedas en España. Además, se redactará un real decreto que impondrá la obligación de identificar la residencia fiscal de los usuarios de criptoactivos y de informar sobre sus transacciones, lo que representa un avance en el intercambio internacional de información fiscal.
Una de las propuestas más destacadas es la inclusión explícita de las criptomonedas como bienes embargables, junto a los bienes y derechos situados en entidades de pago y dinero electrónico. Según el Ministerio de Hacienda, esta medida responde a la evolución de los servicios bancarios y los medios de pago, incluyendo las tecnologías de registro de criptoactivos.
El experto en fiscalidad de criptoactivos, José Antonio Bravo, señala que, aunque actualmente ya es posible que Hacienda embargue fondos en criptomonedas depositados en proveedores de servicios, la normativa DAC8 reafirma esta capacidad, eliminando la posibilidad de que los proveedores se nieguen. Sin embargo, Bravo aclara que las criptomonedas en autocustodia seguirán siendo inembargables debido a la imposibilidad de ejecutar limitaciones sobre su propiedad.
La DAC8, aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2023, tiene como objetivo restringir el anonimato en las transacciones con criptomonedas y evitar la evasión fiscal. Esta normativa entrará en vigor en enero de 2026, y los países de la UE tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus leyes.
