El Tribunal Supremo de Francia ha ratificado este miércoles la condena por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente Nicolás Sarkozy, quien se convierte en el primer expresidente del país en ser obligado a cumplir una condena de arresto domiciliario, utilizando un brazalete electrónico durante un año. Esta sentencia marca un revés significativo en la carrera de Sarkozy, quien, a sus 69 años, deberá comparecer ante un juez de libertades y detención en las próximas semanas para establecer los detalles de su arresto domiciliario.

A pesar de la condena, los abogados de Sarkozy han anunciado que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, aunque dicha apelación no suspende la aplicación inmediata de la pena. El expresidente ha declarado sentirse víctima de un «acoso judicial» y ha afirmado que su condena tiene un trasfondo político, en un intento de restar legitimidad a las decisiones judiciales que lo han afectado desde su salida del Elíseo en 2012.

La condena, conocida como el ‘caso Bismuth’, se refiere a las escuchas telefónicas que revelaron un posible caso de corrupción y tráfico de influencias. La pena dictada inicialmente en 2021, que fue confirmada ahora por el Tribunal Supremo, establece tres años de cárcel, de los cuales solo uno será efectivo, pudiendo el resto ser cumplido en arresto domiciliario con brazalete electrónico.

Sarkozy, quien sigue siendo una figura influyente dentro de la política francesa, particularmente en la derecha, mantiene su postura de total inocencia y sigue luchando contra las acusaciones que le han sido formuladas. Además, ha señalado que la situación podría haber sido evitada si se hubiera realizado un análisis jurídico más reflexivo.