Los ministros de Economía y Finanzas del G-20, los países más ricos del mundo, se reúnen en Washington para discutir el tema con parámetros ya establecidos.

El debate será sobre el acuerdo alcanzado el viernes pasado por los 136 países de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y que impone un tipo impositivo global mínimo del 15% para las grandes empresas y dificulta su evasión fiscal. Una posición que algunos economistas creen que es insuficiente y que debería subir, al menos, al 21%.

El acuerdo pretende poner fin a una situación que ya lleva cuatro décadas de duración, estableciendo un límite mínimo para los países que han tratado de atraer inversiones y puestos de trabajo gravando ligeramente a las empresas multinacionales, permitiéndoles de hecho tributar tipos impositivos muy bajos o casi nulos. En este contexto, el límite mínimo del 15% acordado está muy por debajo del tipo impositivo global de las empresas, cuya media se sitúa en torno al 23,5% en los países industrializados.

Un grupo de prestigiosos economistas, miembros de la ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, considera que el acuerdo sólo beneficia a los países más ricos. Y lo hicieron en una carta abierta publicada en el diario francés Le Monde.

Entre los firmantes están Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Eva Joly, José Antonio Ocampo y Jayati Ghosh. Esta es la misma posición que tienen muchos países en vías de desarrollo. Dicen que sus intereses fueron dejados de lado para dar cabida a la aprobación de las naciones más ricas. También se expresaron en ese sentido las ONGs más importantes que criticaron las numerosas exenciones del acuerdo. Oxfam, que trabaja para reducir la pobreza y el hambre en forma global, emitió un comunicado en el que dice que el acuerdo “no tiene dientes”.

Se espera que los ministros del G-20 avalen el documento aprobado por la OCDE pero que anuncien la continuidad de las negociaciones y la posibilidad de llegar a un mayor nivel de imposiciones de las empresas en las cumbres de los próximos dos años. Claro que se enfrentarán a duras resistencias.

El presidente estadounidense Joe Biden apoya el incremento de las tasas globales de impuestos, pero cualquier legislación interna la tendrá que consensuar con los conservadores dentro de su propio partido y la oposición republicana. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, recibió este fin de semana una carta de un grupo importante de senadores republicanos en la que expresan su rechazo al acuerdo. El Senado debe ratificar cualquier tratado con una mayoría de dos tercios, es decir, 67 votos. Los demócratas de Biden sólo controlan 50 escaños en la cámara de 100 miembros.

Sin embargo, la reacción de los mercados estadounidenses ante el acuerdo fue discreta y algunas de las grandes empresas tecnológicas dijeron que estaban satisfechas con el acuerdo. “Nos complace ver que está surgiendo un consenso internacional”, dijo el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg. “Facebook lleva tiempo pidiendo una reforma de las normas fiscales mundiales, y reconocemos que esto podría significar pagar más impuestos, y en diferentes lugares”. Por su parte, un portavoz de Amazon afirmó que la compañía apoya el “progreso hacia una solución basada en el consenso para la armonización fiscal internacional, y esperamos su continuo trabajo técnico.”

Las negociaciones para llegar a este 15% ya insumieron cuatro años y se cerró recién cuando Irlanda, Estonia y Hungría firmaron bajo la promesa de que no será revisado en el futuro próximo. El acuerdo pretende evitar que las grandes empresas registren sus beneficios en países de baja tributación, como Irlanda, independientemente de dónde se encuentren sus clientes, una cuestión que se vuelva cada vez más acuciante con el crecimiento de los gigantes tecnológicos, que hacen negocios a través de las fronteras.