La precaria situación económica de la Latinoamérica hace que el impacto de la pandemia sea mucho más fuerte que en otras regiones
El coronavirus arribó a la región en un momento de debilidad y vulnerabilidad macroeconómica, con un espacio fiscal reducido y el descenso de los precios de las materias primas. Esta situación se ha ido agravando no solo con la reducción de la actividad económica local, sino también la de China, Estados Unidos y Europa, los tres principales mercados para las exportaciones de Latinoamérica.
En el informe ‘Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe – El trabajo en tiempos de pandemia:desafíos frente a la enfermedadpor coronavirus (COVID-19)‘ de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del trabajo (OIT) se estima que una contracción de la economía superior al 5% en 2020 podría provocar un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 11,5% al término del año. Y si la crisis se sigue prolongando, el efecto sobre el desempleo podría ser mayor.
La OIT considera que la crisis causará una reducción de alrededor del 10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 31 millones de trabajadores. Asimismo, espera un marcado deterioro de la calidad del empleo, debido al aumento de la informalidad y a la reducción de las jornadas laborales y de los salarios.
El turismo, sector más afectado
No obstante, los dos organismos de Naciones Unidas advierten que el impacto en el mercado laboral de cada uno de los países dependerá de la estructura productiva y la composición del empleo de cada sector. Identifican que las áreas que se verán más afectadas son las relacionadas con el turismo, como aerolíneas, alojamiento, restaurantes y hoteles; el comercio y la industria manufacturera, así como las actividades inmobiliarias y administrativas, los cuales son intensivas en mano de obra y algunos, como es el caso del comercio, concentran una elevada proporción de empleo informal.
Otros sectores que también enfrentarán un impacto medio-alto son el transporte y almacenamiento, así como las actividades de entretenimiento y cultura. Los trabajadores de estos sectores se verán afectados con particular intensidad por el riesgo económico. “En América Latina se estima que un 42,4% del empleo se encuentra en sectores de riesgo alto y otro 16,5%, en sectores de riesgo medio-alto. La probabilidad de que estos trabajadores vean reducidas sus horas de trabajo, sufran recortes salariales o pierdan el empleo es elevada”.
Otro de los factores que hará que el impacto sobre el desempleo sea distinto en cada país tiene que ver con el empleo informal y los mecanismos de apoyo económico que se tengan. La OIT estima que la tasa media de informalidad en la región es de aproximadamente un 54%. “Muchos de estos trabajadores no tienen acceso a servicios de salud de calidad y, dadas las características de su trabajo, están más expuestos al contagio. Asimismo, sus ingresos son generalmente bajos, por lo que cuentan con una capacidad de ahorro limitada para hacer frente a períodos prolongados de inactividad. Tampoco disponen de mecanismos de sustitución de ingresos”, resalta el informe.
Adaptación al teletrabajo
El impacto en los mercados laborales también dependerá de la capacidad de los países de adaptarse a nuevas formas de trabajo. Al respecto se señala que si bien el teletrabajo es una posibilidad, no todos los países en Latinoamérica cuentan con la infraestructura tecnológica adecuada para ello, pues en la región, un 67% de la población es usuaria de Internet, pero existen diferencias significativas tanto entre los países como dentro de ellos, que obedecen a factores como el nivel socioeconómico y la ubicación geográfica.
La OIT y la CEPAL señalan que de prolongarse la crisis, será necesario que los países de la región adopten medidas orientadas a proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores, así como limitar el impacto en las empresas. Aconsejan poner foco en grupos vulnerables como los migrantes, trabajadoras domésticas, cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente al COVID-19.
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