La nueva Carta Magna buscará aumentar la seguridad jurídica para la captación y conservación de las inversiones extranjeras.
Cuba iniciará esta semana un debate público sobre temas que van desde el unipartidismo y el socialismo «irrevocable» hasta la desigualdad, los derechos de la comunidad gay, la propiedad privada y la reestructuración del Gobierno, en momentos en que el país busca reemplazar su Constitución de la Guerra Fría.
Una revisión propuesta por el Partido Comunista a la Carta Magna de 1976 se discutirá en 35.000 centros de trabajo y reuniones comunitarias hasta noviembre, luego de su reciente aprobación por diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Una vez que concluyan los debates, el Parlamento aprobará un nuevo borrador que será sometido a un referendo a principios del próximo año.
El proyecto de Constitución que circula en la isla refleja en parte los cambios ocurridos en la sociedad cubana desde el colapso de su entonces benefactor, la Unión Soviética, y también modifica en parte el modo en que la nación funcionará en un futuro. Al mismo tiempo que se convierte en una garantía para poder atraer a las inversiones extranjeras.
Seguridad jurídica
El Gobierno de Cuba busca aumentar la seguridad jurídica de cara a la captación de las inversiones extranjeras. Uno de los aspectos clave para lograrlo será que las empresas privadas y las cooperativas no agrícolas se incluyen por primera vez en el nuevo texto como actores económicos legítimos.
A esto se suma que los emprendimientos conjuntos, así como otras formas de inversión extranjera, pasan de ser secundarios a «importantes» o «fundamentales». Al mismo tiempo, el Gobierno prohíbe la «concentración» de la propiedad privada entre los ciudadanos.
Reenfoque político y judicial
En el proyecto de la nueva Constitución se incluye la propuesta del cargo de Primer Ministro designado a nivel nacional para supervisar las gestiones diarias del Gobierno, en particular la economía estatal.
Otro cambio fundamental es que, por primera vez, los cubanos podrían demandar al Estado por daños y negligencia. Sin embargo, el sistema judicial con jueces designados por el Estado no ha cambiado. Los abogados siguen siendo empleados estatales.
A la espera de una versión definitiva, las propuestas iniciales no reducen el riesgo ni modifican las reglas para hacer negocios en Cuba, pero legitiman aún más la inversión extranjera, un nuevo paso hacia una economía mixta y una sociedad más moderna, dijeron empresarios y diplomáticos extranjeros.
