El crecimiento de las criptomonedas como bitcoin (BTC) y su adopción en el mundo, impulsan a los países a crear regulaciones para integrarlas a su economía sin que escapen del control del Estado.
Ante ese escenario, la comisionada de servicios financieros de la Unión Europea (UE), Mairead McGuinness, hizo un llamado a los países europeos a acelerar las regulaciones en base a la propuesta MiCA (Markets in Crypto-Assets).
MiCA es una iniciativa que surgió en 2020 para regular el mercado de criptoactivos y tiene como objetivo establecer un marco normativo para crear un entorno seguro que beneficie a los consumidores e inversionistas en esa industria.
Para la funcionaria, las regulaciones deben estar definidas antes de acabe el año. A su juicio, es deber de las autoridades “establecer reglas sólidas lo antes posible”, dijo McGuinness en el cuarto Foro del Banco Central Europeo sobre supervisión bancaria, el pasado 10 de noviembre.
Igualmente, considera que las criptomonedas están “evolucionando rápidamente”, lo que les permitirá a las empresas ingresar en ese mercado y atraer inversionistas.
Otro de los aspectos tocados por McGuinness en la actividad, es que la comisión de servicios financieros tiene previsto finalizar el sandbox regulatorio para productos que utilicen blockchains, para finales de este año. Un sandbox o caja de arena es un entorno de pruebas cerrado, diseñado para experimentar de forma segura.
MiCA aun genera dudas
Aunque las autoridades están conformes con la propuesta MiCA, la diputada al Parlamento Europeo, Eva Maydell no lo tiene tan claro. Maydell dijo en una actividad, que definir una normativa para las criptomonedas tomará más tiempo de lo que tienen pensado, aunque aclaró que no está en contra de la industria de los criptoactivos.
En el documento, la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) califican a bitcoin y las criptomonedas como activos de riesgo.
Aunque bitcoin aún no está regulado en Europa, existen regulaciones propias de la red y las regulaciones creadas por los Estados.
Uno de esos países miembros de la UE, que ha avanzo en el aspecto regulatorio es España, según un análisis de la firma de servicios de auditoría KPMG.
