Desde el Gobierno advierte que no habrá desembolso de recursos públicos para sacar a flote una embarcación con tesoros valorados en 10.000 millones de dólares.
El Gobierno de Colombia ha publicado los pliegos de condiciones para el rescate del galeón San José, en el que no habrá «desembolso de recursos públicos» y el contrato tendrá un valor de 70,9 millones de dólares (57,2 millones de euros) aproximadamente.
La opción escogida por el Estado colombiano para llevar a cabo este rescate ha sido el de la figura de Asociación Público Privada (APP), que «busca la intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico» de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe.
Además, se incluye el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación.
En julio del año anterior se realizó la audiencia pública con el fin de presentar las características del proyecto a terceros interesados para que hicieran observaciones y prepararse con anticipación. El Gobierno ha recordado que cualquiera que cumpla con las condiciones del pliego puede participar.
En cualquier caso, ha adelantado que ya hay un postulante, Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG, que presentó un proyecto de asociación público-privada y forma parte de la ‘Lista de precalificados’.
Se calcula que el oro, la plata, las piedras preciosas, los vestigios arqueológicos y otros objetos que hay en el fondo marino cuestan unos 10.000 millones de dólares (8.068 millones de euros). El plazo límite para presentar las propuestas es el próximo 24 de abril.
Un galeón hundido en 1708
El galeón, una embarcación del imperio español hundida en 1708 a cañonazos por piratas ingleses, fue localizado en noviembre de 2015, lo que ya en su día desató un litigio con la empresa cazatesoros Sea Search Armada, que se atribuyó el descubrimiento.
España defiende la propiedad de la embarcación, argumentando que es un buque de guerra con pabellón de Estado y con inmunidad soberana bajo la convención de Naciones Unidas de Derechos del Mar, de la que Colombia no forma parte. Otro de los argumentos de España se basa en que se trata de una tumba marina de 570 nacionales.
El Gobierno colombiano esgrime que la embarcación le pertenece por encontrarse en su lecho marino, aunque estaría dispuesta a compartir el patrimonio arqueológico recuperado. Santos ya adelantó que el patrimonio arqueológico y cultural rescatado se depositará en un museo en Cartagena.
