Bruselas ha intensificado este jueves el procedimiento de infracción contra España por el «uso abusivo» de contratos interinos en el sector público, alegando que el país no ha aplicado de manera adecuada la normativa europea sobre trabajo de duración determinada. La Comisión Europea ha señalado que esta situación infringe la directiva comunitaria, que exige la implementación de medidas efectivas para evitar y sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, algo que no se ha cumplido suficientemente en España, según Bruselas.

En su comunicado, la Comisión Europea destacó que la legislación nacional debe garantizar que los abusos con contratos temporales, especialmente en el sector público, sean sancionados y prevenidos. Sin embargo, España sigue sin ofrecer una protección adecuada en algunos tipos de contratos temporales, según la evaluación de Bruselas. Un ejemplo clave es la situación en la que un trabajador con contratos temporales consecutivos, que puede haber trabajado de esta forma durante 20 o 30 años, recibe la misma indemnización que alguien que ha tenido un solo contrato, lo cual deja a los empleados en una situación de vulnerabilidad.

Críticas a la falta de indemnización adecuada

Bruselas también alerta sobre otro problema que afecta a los trabajadores temporales en España. Si un trabajador interino, tras años de contratos sucesivos, debe renunciar para cambiar de puesto o por razones personales, como cuidar a un familiar, no tiene derecho a ninguna indemnización, aunque los tribunales hayan declarado abusivo el uso de contratos de duración determinada en su caso. Este aspecto ha sido particularmente criticado por la Comisión Europea, que considera que la legislación española no protege adecuadamente a los empleados en estas situaciones.

Un nuevo paso en el proceso de infracción

Este procedimiento de infracción complementario se suma a un expediente anterior iniciado en 2015, en el que Bruselas ya había advertido a España sobre el abuso de los contratos temporales en el sector público. Aunque se han realizado algunos cambios legislativos desde entonces, la Comisión considera que las reformas «siguen sin abordar suficientemente los problemas detectados, especialmente en cuanto a la eficacia de las medidas sancionadoras».

El nuevo proceso comenzó con el envío de una carta de emplazamiento complementaria a las autoridades españolas, dándoles un plazo de dos meses para corregir la situación. Si el Gobierno no adopta medidas adecuadas en este plazo, la Comisión podría dar el siguiente paso en el expediente sancionador, enviando un dictamen motivado. Este dictamen ofrecería un nuevo plazo de diálogo antes de decidir si eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

España bajo la lupa de la UE

Esta situación coloca a España bajo una vigilancia estricta por parte de la Comisión Europea en materia de derechos laborales. El abuso de contratos temporales, especialmente en el sector público, ha sido un tema recurrente en la justicia europea, con múltiples sentencias que han instado al país a mejorar la situación. La resolución de este conflicto podría tener un impacto significativo en miles de trabajadores interinos en toda España, quienes han reclamado durante años una mayor estabilidad laboral y el fin de la precariedad contractual.