La Comisión Europea anunció el inicio de una investigación sobre las políticas de cancelación de las aerolíneas que operan en la Unión Europea.
La investigación busca determinar si informan convenientemente a los pasajeros afectados por vuelos anulados y si cumplen con sus obligaciones de reembolso, en especial durante el año que dura ya la pandemia por coronavirus.
Esta iniciativa responde a una alerta lanzada por la Organización Europea de los Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés), que ha denunciado en varias ocasiones las «malas prácticas» de las compañías aéreas.
Para la OCU las aerolíneas «siguen sin proporcionar la información correcta, actuando de manera engañosa o insistiendo para que los viajeros acepten un bono en vez de reembolsarles su dinero».
Denuncias de los pasajeros en la Unión Europea
La Organización de Consumidores y Usuarios denunció, en julio de 2020, que había recibido miles de quejas hacia las aerolíneas, principalmente por obligar a los clientes a solicitar un bono en vez de devolverles el dinero del vuelo. Ryanair era la compañía con más quejas (3.100), seguidas de Vueling e Iberia, con 2.000 cada una.
En la denuncia que presentaron las organizaciones europeas, se apuntaba a Aegean, Air France, EasyJet, KLM, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal y Transavia por incumplir el Reglamento de derechos de los pasajeros aéreos de la UE, que establece que las aerolíneas deben informar a los consumidores sobre sus derechos en caso de cancelación de vuelos y darles la opción de un reembolso monetario en caso de acontecimiento extraordinario.
Las aerolíneas deben dar respuesta en tres semanas
Serán las autoridades nacionales de varios países de la UE las que coordinarán el diálogo entre la red europea y las aerolíneas.
Lo que se busca es obtener la mayor información sobre el modo en que operan las aerolíneas en la UE, en especial sobre el modo en que informan a los usuarios de sus derechos como pasajeros y cómo gestionan las peticiones de reembolso.
En caso de dificultades por parte de las aerolíneas para responder en tiempo útil a sus obligaciones de reembolso, Bruselas quiere saber qué medidas toman para poner remedio a estos retrasos.
La investigación abierta da ahora un plazo de tres semanas a las compañías para responder a la petición de información y la red de cooperación analizará después la información recibida.
Bruselas llevará a cabo el examen de la mano de la Red de Cooperación para la Protección de Consumidores (CPC) para recabar datos de la situación en cada Estado miembro, a través de sus respectivas autoridades de protección del consumidor.
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