El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, a raíz de un litigio entre la empresa Airbnb Irlanda y Bélgica.  La hacienda belga había reclamado a Airbn los datos sobre los alquileres efectuados en Bélgica en el año 2017 a través de su página web.

El negocio de Airbnb es poner en contacto, a cambio de una remuneración, a inquilinos potenciales y arrendatarios, profesionales o no, que proponen alojamientos.

Airbnb se negó a comunicar esos datos alegando el principio de libre prestación de servicios y la legislación sobre el comercio electrónico aprobada en 2000. Este miércoles, el tribunal falló que, la obligatoriedad de cualquier operador de comunicar determinados datos sobre los establecimientos de alojamiento turístico es «de naturaleza fiscal y, por ello, queda al margen de los ámbitos de aplicación de la legislación sobre comercio electrónico».