La Cámara Baja del Parlamento británico ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de inmigración ilegal que pretende prohibir la entrada de solicitantes de asilo que lleguen en pateras a través del Canal de la Mancha.

El gobierno de Rishi Sunak ha ganado la votación tercera lectura del proyecto de ley en la Cámara de los Comunes, por 289 votos a favor y 230 en contra. Ahora el proyecto de ley pasa a la Cámara Alta, la Cámara de los Lores, donde podría ser modificado o retrasado.

El proyecto fue presentado en marzo por la ministra del Interior, Suella Braverman, y otorgará al Gobierno nuevos poderes para «frenar la llegada de pateras» que alcancen Reino Unido «infringiendo de manera flagrante», a juicio de la ministra, la legislación nacional y la voluntad de los británicos.

La normativa prohibirá que aquellas personas que accedan ilegalmente a este país puedan solicitar asilo político mientras están en él y vetará además su regreso al Reino Unido en un futuro.

Las voces críticas y algunas ONG defienden que la ley puede criminalizar los esfuerzos de miles de auténticos refugiados.

El gobierno defiende que la ley protege las fronteras británicas
«La inmigración ilegal aminora la integridad de nuestro sistema de inmigración», ha defendido el ministro de inmigración Robert Jenrick durante la votación. «Por eso queremos parar los barcos y proteger nuestras fronteras y esta ley está dedicada a ese propósito».

El gobierno británico había presentado varias enmiendas a su plan inicial para apaciguar a algunos de sus propios legisladores, incluida la aclaración de las limitadas circunstancias en las que los menores no acompañados podrían ser deportados y el compromiso de establecer «rutas seguras y legales» para que los solicitantes de asilo lleguen a Reino Unido.

Sin embargo, otras enmiendas del gobierno endurecían más la ley, dificultando a los deportados la posibilidad de solicitar una dispensa de la prohibición de reingreso o la de obtener la ciudadanía británica, y limitando la capacidad de las personas para retrasar su expulsión a un tercer país alegando el riesgo de «daños graves e irreversibles».

Diputados conservadores habían presentado dos enmiendas, una para eliminar por completo la facultad de deportar a menores antes de que cumplan 18 años y otra para eximir de la expulsión a las víctimas de explotación ilegal en Reino Unido, pero fueron retiradas tras la promesa del gobierno de que abordaría las cuestiones planteadas.