Aunque el Salvador ya había aplicado su decisión de solicitar visa en 2008, con base en una medida de reciprocidad, Panamá se convirtió en el primero en la lista en hacerlo en medio del éxodo migratorio y a partir de octubre de 2017, bajo el mandato de Juan Carlos Varela, implementó el requisito.
“Ante la ruptura del orden democrático en Venezuela, situación que pone en riesgo nuestra seguridad, nuestra economía, las fuentes de empleos de los panameños y panameñas, y luego de un profundo análisis, he tomado la decisión de exigir visas a los ciudadanos venezolanos que quieran viajar a Panamá”, dijo en una declaración.
El gobierno de Honduras, en noviembre de 2017 anunció que exigiría “visa consultada” a los venezolanos, en “reciprocidad” a lo que también aplicaba Venezolana con respecto a los hondureños.
Guatemala, otra nación centroamericana, basó su posición en una medida de “homologación”, que respondía a lo aplicado por otras naciones vecinas. En marzo de 2018, eran 5.000 los venezolanos que hacían vida en Guatemala, dónde sus autoridades alegaron que no podían quedarse atrás, con respecto a los países con los que compartían frontera.
En agosto, el ministro de Seguridad Nacional de Santa Lucía, Hermangild Francis, anunció también que el ingreso de venezolanos a su territorio estaría regido por una visa, por medidas de seguridad. “Trinidad está tomando medidas, Guyana está tratando de controlar el éxodo hacia sus fronteras del interior y es prudente que nosotros, como Gobierno, intentemos proteger a nuestra gente en Santa Lucía”, subrayó.
La decisión además se justificó con una supuesta cifra de cargamentos de droga y armas de fuego decomisadas en las últimas fechas a ciudadanos provenientes de Venezuela que entraban en su territorio.
En junio de 2019, Perú se unió al listado y bajo el mandato de Martín Vizcarra hizo el anuncio, cuando ya el país contaba con 750.000 venezolanos residentes. Chile le secundó y el 22 de junio también exigió visado de turismo para los venezolanos, debido al aumento del movimiento migratorio.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ya había amenazado con la medida, cumplió la decisión en agosto de ese mismo año, poco antes de que se oficializara su salida de Unasur.
Trinidad y Tobago, país que ha resultado altamente conflictivo con la llegada de venezolanos, quienes han sido encarcelados por problemas migratorios, o en su defecto, deportados, anunció a mediados de 2019 que se solicitaría visa a estos ciudadanos.
Incluso en 2021, el gobierno argumentó que quienes estuvieran registrados por el Gobierno de Puerto España, también deberán solicitarla y obtener un permiso emitido por las autoridades.
En diciembre de 2019, cuando ya la cifra de migrantes venezolanos se ubicaba en 30.000, República Dominicana reforzó sus requisitos de ingreso y a partir del 16 de diciembre, informó que sería requerido este trámite en los puertos y aeropuertos.
A partir del 1 de abril de 2020, el Reino de Países Bajos (Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius y Saba) también emitió un pronunciamiento sobre el visado requerido para el ingreso de ciudadanos venezolanos. En Curazao, se aplicó la decisión a partir de enero de 2021.
Colombia, país fronterizo con Venezuela, sigue siendo la nación con la mayor cantidad de venezolanos en su territorio.
Actualmente, se contabiliza 1,8 millones y en abril de este año, las autoridades de la administración de Iván Duque dieron inicio a la primera fase del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que promueve la garantía de sus derechos humanos.
En el caso de México, aunque aún no ha sido implementada la medida como requisito principal, ya las autoridades aprobaron el proyecto que avalará esta decisión, que busca frenar el uso de este país como “tránsito ilegal” para intentar llegar a Estados Unidos.
Mientras Nicolás Maduro sigue afianzado en el poder y la pobreza en Venezuela llega a su máximo nivel, que de acuerdo a la Encovi 2021 se ubica en 94,5%, los países de Latinoamérica incrementan sus exigencias migratorias, a pesar del apoyo y la inversión en esta materia, aprobada a través de organismos internacionales, para la atención de los venezolanos, quienes cada vez son más los que huyen de su país.
