El tiempo necesario para obtener un visado se ha duplicado bajo la Administración de Donald Trump.
Durante el Gobierno que preside Donald Trump se construido un muro virtual que obstaculiza la llegada de inmigrantes legales al país: el tiempo necesario para obtener un visado casi se ha duplicado en los últimos cuatro años, y los retrasos han alcanzado un nivel “crítico”, según denuncia la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
En el año fiscal de 2014, con el demócrata Barack Obama en la Casa Blanca, el tiempo medio que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) tomaba en procesar un caso rondaba los cinco meses; en 2018, se acerca ya a los 10 meses.
“Estos retrasos en toda la nación están dañando a familias, población vulnerable y negocios estadounidenses que dependen de que se resuelvan adecuadamente”, señala la asociación de abogados de inmigración.
La asociación cifra en 2,33 millones casos los retrasos a finales del año fiscal de 2017, lo que afecta a green cards, visados para víctimas de trata de personas, o permisos de trabajo, entre otros. En algunos casos, como el procedimiento I-360 (para, entre otros, víctimas de abusos domésticos), entre 2016 y 2018 el tiempo de espera ha pasado de cinco meses a casi 14.
El número de expedientes retrasados se ha duplicado en tan solo un año (entre 2017 y 2018), alcanzando probablemente su nivel máximo histórico, según la asociación, que cita las cifras reportadas por USCIS al Congreso. Y ello pese a que, durante ese año, el incremento de casos fue de sólo un 4 por ciento.
Los abogados culpan de estos retrasos a los “cambios equivocados de política” por parte del Gobierno de Donald Trump, que han jugado un “papel clave”. El propio Departamento de Seguridad Nacional lo reconoció al Congreso en abril de 2018. Entre estos cambios, destaca por ejemplo el nuevo requerimiento de entrevistas personales para las green cards y casos de asilo.
En conclusión, los abogados recomiendan acabar con este “muro invisible”, eliminando políticas “innecesarias” y reforzando el control del Congreso y la transparencia por parte de USCIS.
